La décima acusada fue absuelta. Uno de los condenados fue detenido en la sala de audiencias del fuero Penal de La Plata. Una resolución trascendental.
Cualquier tipo de maltrato está mal. Ese mensaje deja la condena de primera instancia en La Plata en la que nueve policías fueron encontrados culpables de una feroz requisa registrada en la comisaría Cuarta de Berisso. Uno de los condenados fue detenido en la sala de audiencias. Todos los detalles de una condena contra la violencia institucional.
La jueza Belén Piccone, titular del Juzgado Correccional 3 de La Plata, condenó a Ángel Daniel Barrientos, Ubaldo Alfredo Farías, Oscar Damián Jara, César Orlando Pacheco, Lucas Eduardo Cángaro, Rodrigo Nicolás Ponce, Agustín Sabini, Cristian Jonatan Vicente y Juan Martín Brelis, al tiempo que dictó la absolución de Solange Andrea Medina, quien quedó desvinculada del caso. Fue asistida por el letrado Christian Romano.
La mujer, de 79 años, falleció luego de descompensarse en un colectivo de larga distancia La Plata. El transporte viajaba rumbo a Mar del Plata.
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No todos recibieron la misma condena. Todos los acusados llegaron al juicio oral en libertad. Barrientos fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de severidades, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público, los tres delitos en concurso real. Fue esposado en la sala de audiencias y quedó detenido a la espera de un cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Jara y Pacheco recibieron una pena de tres años y seis meses de prisión. Brelis, Ponce, Sabini y Vicente, condenados a tres años de prisión. Cángaro recibió una pena unificada de tres años y cinco meses. Todos culpables de severidades y vejaciones. Por último, Farias fue encontrado culpable de falsedad ideológica de instrumento público (falsificó un acta) y deberá cumplir una condena de dos años de prisión en suspenso. Farias era el imaginaria de la Comisaría y participó en la confección del acta con información falsa.
Los ocho policías condenados que no irán a prisión deberán presentarse todos los meses ante al Patronato de Liberados y tiene prohibido salir del país. También se ordenó el retiro de sus armas reglamentarias y a los nueves condenados se les impuso una inhabilitación especial del doble de tiempo de la condena para el ejercicio de la función pública.
La acusación de brutalidad policial en Berisso se basa en múltiples testimonios y pruebas documentales presentadas durante el juicio.
Varios detenidos, incluyendo a Pedro Osmar Reyes, José Aníbal Cirone Romero, Juan Pablo Elián Silvero, Carlos Roberto Ledesma, Matías Alejandro Bravo, Richard Nahuel Gonzalez Melo y Mario Andrés Bustos, testificaron sobre el maltrato físico y verbal que sufrieron durante la requisa realizada por el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) en la Comisaría 4ta de Berisso el 10 de marzo de 2018.
Describieron que fueron obligados a desnudarse, a ponerse contra la pared con las manos en la nuca y que fueron golpeados con palos y escudos.
Reyes relató que fue golpeado en la cara, nariz, nuca, piernas y costillas por varios oficiales, quienes lo dejaron tirado en el piso, además de que le arrancaron la remera.
Bustos, quien tenía una pierna amputada y usaba una prótesis, testificó que lo obligaron a caminar sin su prótesis y luego lo hicieron arrodillarse, además de que le rompieron y pisotearon la dentadura postiza.
Otros detenidos también mencionaron haber sido golpeados, que se les rompieron sus pertenencias, y que los insultaron.
Los testimonios de los detenidos coincidieron en que el trato recibido durante esta requisa fue mucho más violento de lo habitual.
La declaración de la médica Mariana Selva confirmó la existencia de lesiones en Reyes, incluyendo edema en el dorso nasal, excoriaciones en el tórax y brazo izquierdo, y hematomas en el muslo. Ella también declaró que el dolor y edema eran indicativos de lesiones recientes.
La médica Mónica Frezini testificó que Reyes fue llevado al hospital esposado, donde se le realizaron radiografías debido a las lesiones sufridas.
La existencia de una dentadura postiza rota también fue parte de la evidencia. Aunque ninguno de los imputados reconoció o recordó la dentadura, Bustos explicó que se la habían roto y pisoteado durante la requisa.
Un análisis realizado por Gustavo Correa indicó que la dentadura postiza estaba partida en tres partes.
Se demostró que se levantó un acta con información falsa sobre el origen de las lesiones de Reyes.
Los testimonios de los imputados, especialmente de Ángel Daniel Barrientos y Oscar Damián Jara, fueron considerados mendaces y no concordantes con la evidencia.
Barrientos y Jara dieron versiones contradictorias sobre cómo se produjeron las lesiones de Reyes, y negaron el maltrato a los detenidos, contradiciendo el resto de los testimonios y las pruebas médicas.
Los imputados afirmaron que Reyes se golpeó con una reja y que solo tenía una lesión en la boca, lo cual fue refutado por las evidencias médicas que demostraron múltiples lesiones en su cuerpo. Tampoco pudieron explicar cómo apareció la dentadura rota, ni por qué se afirmó en el acta que era de Reyes.
La jueza concluyó que la brutalidad policial fue evidente y que los imputados actuaron de manera injustificada, atacando la dignidad de los detenidos. Los hechos fueron calificados como vejaciones y severidades, además del delito de falsedad ideológica de instrumento público.
La acusación estuvo en manos de la fiscal Victoria Huergo, quien logró está histórica condena de un hecho de violencia institucional. Los fundamentos de la sentencia de la jueza Piccone no dejan ninguna duda.