El exclusivo barrio de City Bell tiene casi 30 hectáreas y más de dos centenares de lotes, pero quedó envuelto en una polémica que definirá la Suprema Corte.
El desarrollo de Clementina II en City Bell fue anunciado con bombos y platillos en 2018, pero hoy se encuentra envuelto en una fuerte controversia. El barrio cuanta con más de dos docenas de hectáreas y está en el centro de una polémica que afecta a varias familias, puesto que es el eje de un conflicto que escaló con la decisión de la Suprema Corte bonaerense de licenciar obligatoriamente por 90 días al camarista Raúl Dalto.
El predio está compuesto por 228 lotes con un tamaño promedio de 600 metros cuadrados para cada uno. El destacado emprendimiento inmobiliario también cuenta con calles públicas, espacios verdes y hasta sectores de equipamiento comunitario, con el Arroyo Carnaval como uno de los principales elementos del desarrollo urbano.
De acuerdo con sus impulsores, se trata de una urbanización de trama circulatoria abierta y destinada a uso residencial, ubicada a unos 10 kilómetros del casco fundacional de La Plata y aproximadamente a 7 kilómetros del acceso a la Autopista La Plata-Buenos Aires, en 446 entre 133 bis y 31.
El espacio forma parte además de un desarrollo más amplio de la zona, que incluye otro emprendimiento similar más pequeño y ubicado a menos de 150 metros del lugar, que fue dado en llamar Clementina I.
El área residencial de Clementina II fue diseñada bajo un esquema de tejido abierto, con características de "ciudad jardín", con retiros de frente y laterales y un corazón de manzana libre de construcciones. De acuerdo con los desarrolladores, el lote más pequeño tendría 595 metros cuadrados y el mayor cuenta con unos 1.250 metros cuadrados, ofreciéndose a varios miles de dólares cada uno dependiendo de su ubicación y tamaño.
La causa por las tierras vinculadas al emprendimiento quedó en el centro de un conflicto judicial que involucra a integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. El camarista Raúl Dalto denunció a sus compañeras María Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard por hechos relacionados con la confección de resoluciones y luego remitió a la Fiscalía un planteo por la posible existencia de un tráfico de influencias.
El planteo surgió a partir de la coincidencia señalada por la defensa entre argumentos utilizados para intentar mantener vigente un desalojo y fundamentos que habían sido sostenidos anteriormente por las dos camaristas. La presentación pidió investigar si se trató de una elaboración jurídica independiente o si existió alguna forma de comunicación, influencia o intervención indebida.
El conflicto se profundizó después de que el juez de Garantías Pablo Raele declarara extinguida por prescripción la acción penal y rechazara la ejecución del desalojo. Cuando el expediente volvió a la Sala I, la defensa recusó a Oyhamburu y Rezzónico Bernard. En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCJBA) impuso a Dalto una licencia obligatoria de 90 días, medida que el camarista recurrió y que ahora la propia Corte deberá resolver.
Así, una disputa por lotes de City Bell y el desarrollo inmobiliario Clementina II terminó convirtiéndose en un expediente con derivaciones penales, recusaciones y actuaciones disciplinarias. La investigación deberá determinar qué ocurrió en la elaboración de las resoluciones cuestionadas y si existió o no tráfico de influencias, mientras la situación de Dalto abre otro capítulo dentro de la Justicia bonaerense.
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