El proceso judicial busca esclarecer la red de trata y narcotráfico que habría captado a la joven platense, desaparecida en julio de 2017.
La tercera audiencia del juicio oral por delitos conexos a la muerte de Johana Ramallo, la joven platense desaparecida en julio de 2017 y cuyo cuerpo fue hallado mutilado un año después en la costa de Berisso; se desarrollará este jueves desde las 13.30.
El debate se tramita en el fuero federal con sede en La Plata y, a diferencia de las anteriores, esta nueva jornada será completamente virtual.
La causa investiga a ocho imputados que, según el expediente, formaban parte de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, narcotráfico y encubrimiento. El juicio busca determinar las responsabilidades penales de quienes integraban esa estructura, activa en la llamada Zona Roja de la capital bonaerense.
La causa que llega a juicio no busca, por el momento, determinar quién mató a Johana ni cómo murió. La mecánica de su fallecimiento sigue siendo un misterio judicial y forense. En cambio, lo que se debate es el contexto de extrema vulnerabilidad y explotación en el que la joven fue captada, sometida y, posiblemente, asesinada.
El juicio comenzó el 16 de mayo con una audiencia presencial en la sede judicial de 8 y 50. En esa oportunidad, tras la lectura de la elevación a juicio y los fundamentos de las acusaciones, los imputados se negaron a declarar. Entre ellos, destacan Carlos "Cabezón" Rodríguez y Hernán D'Uva Razzari, sindicados como miembros clave de la red delictiva, además de las tres mujeres conocidas como "Las Viejas": Celia Benítez, Paola Barraza y Celia Giménez, todas acusadas de haber explotado sexualmente a mujeres en situación de prostitución.
Dos semanas después, el 30 de mayo, la segunda audiencia estuvo marcada por el testimonio de Marta Ramallo, mamá de Johana. En una intervención cargada de dolor e indignación, relató el calvario que vivió desde la desaparición de su hija y reclamó justicia frente a un sistema que, según su visión, abandonó a las mujeres pobres y vulnerables. "Quiero saber qué le hicieron a Johana. Ella no se fue por voluntad propia, se la llevaron", dijo Marta frente al tribunal.
La jornada de este jueves será la tercera instancia de un juicio que se desarrolla con características mixtas: comenzó de manera presencial, pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata dispuso continuar con audiencias virtuales. En este caso, la conexión remota permitirá continuar con la recepción de prueba testimonial y documental desde distintos puntos.
El tribunal está integrado por los jueces Andrés Basso, Nelson Jarazo y presidido por Germán Castelli. La acusación está a cargo del fiscal general Rodolfo Molina, con la asistencia de las fiscales auxiliares Brenda Brandwawnman Boffi y María Laura Ustarroz. La querella, por su parte, está encabezada por la abogada de la familia Ramallo, quien insiste en que el proceso debe avanzar también sobre los posibles encubrimientos estatales y el rol que habrían tenido sectores policiales que, según los denunciantes, jamás fueron investigados.
Una de las principales hipótesis de la querella es que Johana fue víctima de un femicidio cometido en el marco de la trata y explotación sexual. El expediente no tiene pruebas científicas concluyentes, pero sí una afirmación inquietante: el entonces jefe de la morgue policial, Javier Grubisa, declaró que las partes del cuerpo halladas de Johana estaban "desmembradas", aunque nunca se explicaron los fundamentos de esa afirmación ni se avanzó sobre una posible calificación de homicidio.
La acusación sostiene que la red criminal operaba entre 2016 y 2017 en el corazón de la Zona Roja platense. El grupo se organizaba en facciones: los "8/40", encargados de controlar a las mujeres y cobrar parte de sus ingresos; "Las Viejas", que manejaban las paradas, ejercían presión y violencia para mantener el dominio del territorio; y otro sector encargado del suministro de drogas, con las que se generaban deudas impagables que forzaban a las víctimas a prostituirse para saldarlas.
La Fiscalía y la querella coinciden en que Johana fue captada por este entramado de explotación, aunque difieren en las responsabilidades concretas. Mientras que el Ministerio Público centra su acusación en delitos vinculados a la trata y al narcotráfico, la madre de la joven insiste en que "fue un crimen con encubrimiento" y que es necesario seguir el rastro de aquellos que pudieron haber tenido contacto con los restos hallados en 2018.
En el banquillo de los acusados están Carlos Rodríguez (narcotráfico y facilitación de la prostitución), Hernán D'Uva Razzari (explotación sexual de su pareja, encubrimiento y falso testimonio), Hernán Rubén García, Carlos Espinosa Linares y Mirko Galarza Senio (comercio de estupefacientes y explotación de la prostitución), y las tres mujeres acusadas de ser las recaudadoras y controladoras de las víctimas.
El juicio se desarrolla en un contexto social de fuerte sensibilidad. La desaparición y muerte de Johana se convirtió en uno de los casos emblemáticos de la lucha contra la trata de personas y la violencia estructural que padecen las mujeres pobres. El hecho de que no haya policías imputados, a pesar de las denuncias de encubrimiento, sigue generando críticas entre organismos de derechos humanos.
Además, la falta de certezas sobre cómo murió la joven mantiene abiertas las heridas de una familia que, durante años, enfrentó la indiferencia judicial y política. "Durante meses me dijeron que mi hija estaba con un novio, que se había ido. Nunca la buscaron. Nunca hicieron lo que tenían que hacer", dijo Marta en la última audiencia.
El proceso judicial podría extenderse durante varias semanas más y, aunque no resolverá la totalidad de las preguntas que envuelven el caso, se espera que sirva para desarticular parte de una estructura que, según la acusación, sigue operando en la periferia de La Plata. Mientras tanto, este jueves se abrirá un nuevo capítulo del debate, en el que se espera la presentación de más pruebas documentales y posiblemente nuevos testimonios.
Desde distintos sectores, tanto judiciales como sociales, se insiste en que este juicio no debe ser solo un trámite procesal, sino una oportunidad para reconstruir una verdad más amplia, que abarque el entramado de complicidades y silencios que rodearon la desaparición de Johana. La joven tenía 23 años, una hija pequeña, y sueños que quedaron truncos en una historia que, ocho años después, sigue pidiendo justicia.