Un proyecto de ordenanza propone crear un registro para los platenses que quieran aportar sus imágenes. A cambio, tendrán un descuento en las tasas.
La inseguridad es un tema recurrente en la agenda del Concejo Deliberante de La Plata, que genera duros cruces entre oficialismo y oposición. En las últimas horas, la concejala de ASAP Nueva Generación, Melany Horomadiuk, presentó un proyecto de ordenanza que busca incorporar de manera voluntaria las cámaras de seguridad privadas al sistema de monitoreo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema público.
La iniciativa propone la creación del Sistema Inteligente de Seguridad Urbana Colaborativa (SISUC), que busca integrar las cámaras de videovigilancia de titularidad privada al sistema municipal para sumar así herramientas en la prevención de los hechos delictivos. La adhesión será voluntaria.
El proyecto establece que los vecinos, comercios o instituciones que decidan sumarse deberán inscribirse en un registro municipal y firmar un convenio con el Municipio, donde se definan los alcances del acceso, las condiciones de uso y las cláusulas de confidencialidad. Además, aclara que el acceso a las imágenes será únicamente con autorización del titular y con fines vinculados a la prevención e investigación de delitos.
A cambio de la colaboración, los platenses que adhieran al SISUC y firmen convenio tendrán "un incentivo fiscal en la Tasa por Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública (APR)". El porcentaje del beneficio será determinado por la autoridad de aplicación conforme a los criterios y condiciones que establezca la reglamentación, una vez que se apruebe la ordenanza.
El proyecto también establece que el Ejecutivo podrá realizar una prueba piloto en una determinada zona de la ciudad por el plazo de 180 días.
En los fundamentos, Horomadiuk plantea que la propuesta responde a una realidad concreta: el crecimiento sostenido de las cámaras privadas en la ciudad frente a las limitaciones del Estado para cubrir todo el territorio. "Aunque es difícil conocer la cantidad de cámaras privadas en funcionamiento, no hay ninguna duda de que los números multiplican por varias decenas el número de cámaras públicas", sostiene la concejala. En ese sentido, advierte que un sistema de vigilancia exclusivamente estatal "es caro y limitado" y que la articulación con el sector privado puede potenciar la capacidad de respuesta.
La concejala también remarca que esta integración permitiría "incrementar notablemente la capacidad de supervisar los espacios públicos" y facilitar la prevención del delito a partir del acceso a información en tiempo real. A su vez, subraya que el sistema contempla garantías para los usuarios, ya que cada particular podrá decidir qué cámaras compartir y cuáles no de modo de "preservar su intimidad".
Desde 2017 existe la Ordenanza N°11.623, que obliga a determinados rubros –como estaciones de servicio, bares, entidades financieras e hipermercados– a instalar cámaras de videovigilancia y compartir su monitoreo con el COM. Sin embargo, Horomadiuk advierte que esa normativa no se cumple y que, en la actualidad, el sistema municipal solo opera con cámaras propias, sin acceso a dispositivos privados.
A fines de 2025, una iniciativa similar fue presentada por el edil de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Bardón. El proyecto proponía crear el Programa Red Segura - Cámaras que Protegen también de adhesión voluntaria para personas físicas o jurídicas que cuenten con cámaras orientadas exclusivamente hacia espacios públicos como veredas, calles, plazas o accesos. Todavía no fue tratado en comisión.
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