La iniciativa presentada por Josefina Bolis busca controlar los créditos no bancarios en La Plata y proteger a los consumidores de prácticas abusivas
La presidenta del bloque de concejales de Fuerza Patria, Josefina Bolis, presentó un proyecto para regular en La Plata el mercado de crédito no bancario. La iniciativa apunta a establecer controles sobre los proveedores, mejorar la información para los consumidores y prevenir prácticas abusivas vinculadas al sobreendeudamiento y las cobranzas.
La propuesta fue impulsada ante el deterioro del poder adquisitivo y el crecimiento de la informalidad laboral, dos factores que, según explicó la concejala, llevaron a numerosas familias a recurrir a mecanismos de financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional. En muchos casos, esos préstamos se utilizan para cubrir necesidades básicas.
Las deudas de las familias mantuvieron una mora del 12,8% en junio, mientras la irregularidad del crédito privado bajó al 7,6%, según el BCRA.
Un nuevo relevamiento realizado en todas las provincias argentinas revela datos alarmantes sobre las deudas de las familias argentinas.
Alimentos, alquileres, servicios esenciales y gastos derivados de urgencias médicas aparecen entre los principales destinos del crédito informal. En ese escenario, el proyecto plantea fijar parámetros mínimos y obligatorios de calidad para los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) que tengan domicilio en La Plata.
Uno de los ejes de la iniciativa es la creación de un Registro Municipal con fines estadísticos y de fiscalización. Allí deberían inscribirse las personas jurídicas que, sin constituir entidades financieras formales, ofrezcan créditos al público en general. También se establecen obligaciones vinculadas con la responsabilidad y la buena fe en las operaciones.
Entre las medidas previstas se encuentra la obligación de brindar información cierta, clara y detallada sobre las financiaciones. El proyecto también busca limitar las comunicaciones de cobranza que impliquen hostigamiento o intimidación y evitar acciones que expongan o avergüencen a quienes son señalados como deudores.
La iniciativa contempla además la protección de la privacidad de los hogares y de los ámbitos laborales de las personas involucradas. El objetivo es impedir que las prácticas de cobro afecten su reputación o las coloquen en situaciones que puedan vulnerar su dignidad.
Bolis sostuvo que el sobreendeudamiento excede una problemática estrictamente económica y puede profundizar situaciones de desigualdad e informalidad laboral. Según planteó, la necesidad de evitar embargos salariales puede empujar a trabajadores hacia empleos precarios. “No se trata de un problema entre privados, sino que es un fenómeno social cada vez más extendido que afecta a la dignidad humana, la salud mental y el proyecto de vida de las familias”, alertó.
La concejala también cuestionó el escenario normativo actual y afirmó que “la desregulación a nivel nacional y el vacío normativo respecto a la comercialización de créditos por fuera del sistema bancario formal han dado vía libre a la expansión de prácticas de abuso y usura”.
El diagnóstico que acompaña la iniciativa incorpora datos del Mapa de Endeudamiento elaborado por el Observatorio de la Ciudad junto con la Fundación Friedrich Ebert. Según ese relevamiento, la tasa de mora en La Plata llegó al 15,61%.
La situación presenta un nivel todavía mayor entre los jóvenes de 18 a 25 años: en ese grupo, la mora alcanza el 33,83%, más del doble del promedio registrado en la ciudad.
Sin embargo, el estudio tiene una limitación señalada en el propio proyecto: no contempla a los prestamistas informales que, de acuerdo con la iniciativa, recurren a prácticas extorsivas. Por ese motivo, Bolis consideró que las cifras disponibles no permiten dimensionar completamente el impacto social del sobreendeudamiento en La Plata.
Con la propuesta, el bloque de Fuerza Patria busca que el Municipio tenga herramientas para conocer y fiscalizar la actividad de los proveedores no financieros de crédito y, al mismo tiempo, reforzar los mecanismos de protección para los consumidores frente a situaciones de abuso.
