La situación judicial y habitacional de Milagro Sala sumó en las últimas semanas un capítulo crítico. La dirigente social jujeña, que desde 2023 cumple arresto domiciliario en una vivienda de La Plata por razones de salud, enfrenta ahora un pedido de desalojo de la propiedad y la posibilidad concreta de que su régimen de detención se vea seriamente comprometido ante la falta de un lugar donde continuar alojada.
Lo que comenzó como un alquiler temporario bajo una modalidad renovable terminó en un conflicto judicial que ya involucra a los propietarios, la Justicia, la Provincia y el sistema de ejecución penal.
Desde su llegada a La Plata, Sala fue instalada en un inmueble que inicialmente se alquilaba con contratos cortos que se renovaban cada 2 meses. Con el paso del tiempo, la dirigente manifestó su intención de adquirir la propiedad y, según pudo saber 0221.com.ar, incluso se avanzó en varias reservas de compra que finalmente no se concretaron. El 3 de noviembre de este año, ante la falta de definiciones, las partes firmaron un acuerdo de desocupación que fijó como fecha límite el 3 de diciembre. Ese plazo ya se cumplió y la dirigente permanece aún en el lugar.
Los propietarios aseguran que desean vender la vivienda y que la presencia de Sala impide avanzar con operaciones concretas. El problema central es que la dirigente no tiene, al momento, una alternativa clara para trasladarse. Fuentes vinculadas al caso aseguran que se consultaron distintas opciones de alquiler, pero nadie quiere alquilarle una vivienda a Sala, lo que deja al caso en un callejón sin salida: hay orden de desocupar, pero no hay destino.
En el medio, hubo intentos para que el Estado provincial interviniera. Los dueños enviaron una carta al gobernador Axel Kicillof solicitando que el Gobierno bonaerense garantizara una propiedad en alquiler para que la dirigente jujeña pudiera continuar con su arresto domiciliario sin perjudicar los derechos de los propietarios actuales. Sin embargo, hasta el momento, no hubo respuesta ni avances concretos por parte del Ejecutivo bonaerense.
Uno de los propietarios se comunicó directamente con el Juzgado de Ejecución de Jujuy, jurisdicción de origen de las causas penales contra Sala. Desde allí indicaron que es el Juzgado de Ejecución Penal N°1, a cargo del juez Juan José Ruiz, el que debe resolver cualquier cuestión referida a su permanencia o eventual desalojo, dado que la condenada se encuentra actualmente en La Plata y su arresto es supervisado en territorio bonaerense.
En ese marco, los abogados de los propietarios, Alicia Cagnani Salinas y Guillermo Herskovic, confirmaron a este medio que ya se acudió al fuero Civil y Comercial de La Plata para iniciar el proceso de desalojo por vencimiento del contrato y ejecución del convenio de desocupación, pero también agregaron ese fuero se declaró incompetente y derivó la cuestión a la Justicia de Ejecución Penal, entendiendo que la situación de Sala no es un simple caso locativo sino que se encuentra atravesada por una medida judicial de detención domiciliaria. Con esa definición, el conflicto se instaló de lleno en el ámbito penal.
La condición de Sala fue descripta técnicamente como una situación equivalente a una "internación domiciliaria". La dirigente fue trasladada desde Jujuy en 2023 para realizar tratamientos médicos vinculados a su estado de salud, lo que llevó a la intervención de organismos internacionales de derechos humanos que ya venían señalando irregularidades en su detención. Ahora, el vencimiento del acuerdo de desalojo abrió una discusión compleja: cómo garantizar el cumplimiento de la medida judicial y, a la vez, no vulnerar los derechos de los propietarios que reclaman legítimamente la restitución de su inmueble.
La situación no puede analizarse sin repasar el trasfondo político y judicial que rodea a Sala desde hace casi una década. Fue detenida el 16 de enero de 2016, durante el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, en el marco de una protesta de la organización Tupac Amaru en la Plaza Belgrano de esa provincia. Desde entonces, su caso se convirtió en uno de los más discutidos de los últimos años, tanto en Argentina como a nivel internacional.
Diversos organismos de derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), denunciaron irregularidades procesales y sostuvieron que Sala fue víctima de persecución política y judicial. La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue determinante para que se le otorgara arresto domiciliario, fundamentalmente por razones de salud. Ese beneficio permitió, primero, que abandonara el encierro carcelario en Jujuy y, luego, que pudiera trasladarse a La Plata para recibir atención médica.
El escenario actual evidencia que, más allá de las definiciones políticas y las disputas discursivas en torno a su figura, existe un problema administrativo y judicial concreto que necesita resolución urgente. La falta de vivienda alternativa no es un detalle menor: sin un domicilio válido, el arresto domiciliario entra en riesgo y la posibilidad de que se revierta la medida y se ordene su regreso a un establecimiento penitenciario deja de ser una hipótesis lejana.
En paralelo, los propietarios reclaman por un derecho básico: disponer de su propiedad luego del vencimiento del contrato y del acuerdo firmado. La judicialización del caso, sumada a la exposición pública que conlleva cualquier decisión que involucre a Sala, agrega presión al expediente que ya se tramita en La Plata. Mientras tanto, la dirigente continúa en el inmueble, en una situación legal cada vez más frágil.
La decisión que tome el juez Ruiz será determinante. Deberá resolver si habilita el desalojo, si establece un plazo especial, si ordena al Estado arbitrar una solución habitacional o si dispone alguna medida alternativa para garantizar tanto la continuidad del arresto domiciliario como los derechos de los propietarios.
Así, a casi 10 años de su detención, Milagro Sala vuelve a estar en el centro de una controversia judicial que no solo la involucra a ella, sino que expone una vez más las tensiones entre justicia, política, derechos humanos y decisiones estatales que nunca terminan de cerrar plenamente su situación. En el medio, hay un dato ineludible: el tiempo corre, el acuerdo de desalojo ya venció y, por ahora, nadie sabe cuál será el próximo techo bajo el cual continuará cumpliendo su arresto domiciliario.
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