El proyecto presentado por Fuerza Patria consiguió el respaldo de todos los bloques políticos. Qué trámites agiliza para las entidades de bien público.
El Concejo Deliberante de La Plata aprobó este jueves por unanimidad el proyecto de ordenanza de Fuerza Patria (FP) que crea un registro oficial para que las asociaciones de bien público de la ciudad, como clubes de barrio, bibliotecas y comedores populares, puedan simplificar trámites y acceder con rapidez a exenciones impositivas, subsidios y diferentes programas municipales.
La iniciativa impulsada por el presidente del cuerpo, Marcelo Galland, fue sancionada con los votos de todos los bloques políticos y reemplazará a la Ordenanza N°4715, sancionada en 1980. La norma tiene por objetivo simplificar los trámites administrativos, ampliar los beneficios económicos y establecer nuevas condiciones para el control de estas instituciones.
Los clubes de barrio y de pueblo tienen más tiempo para completar el reempadronamiento para mantener los subsidios de luz y gas.
Clubes, bibliotecas, centros culturales y otras organizaciones de La Plata formalizaron su constitución mediante un programa de asistencia jurídica municipal.
El edil oficialista y vicepresidente del Concejo, Juan Granillo Fernández, fue quien sostuvo que se trata de "una herramienta que va a ser muy importante para seguir acompañando a las instituciones de la ciudad de La Plata que cumplen una tarea fundamental para la comunidad".
"Este es un pasito más en esa política de Estado que ha tomado la gestión de acompañar a los clubes, las instituciones que trabajan día a día para para tener una comunidad y un social más integrada", remarcó el legislador en referencia al apoyo que la gestión ya ha manifestado para este tipo de instituciones.
Entre los principales cambios, la nueva ordenanza contempla la creación de un Registro de Entidades de Bien Público, que quedaría bajo la órbita de la Dirección General de Entidades de la Municipalidad. Para inscribirse, las organizaciones deberán contar con domicilio real en La Plata y estatutos aprobados, además de presentar documentación institucional, balances y nóminas de autoridades.
El texto también establece que las entidades podrán acceder a exenciones de tasas, derechos y servicios municipales contempladas en las ordenanzas correspondientes, mediante una solicitud que deberá realizarse una sola vez. En ese sentido, la ordenanza apunta a flexibilizar las exigencias administrativas para las instituciones barriales. A partir de ahora, los balances podrán ser rubricados por las propias autoridades de las entidades y se ampliará de 6 meses a 2 años el plazo para regularizar la documentación anual antes de que pueda cancelarse la inscripción en el registro. También se eliminará la obligatoriedad de presentar el balance certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Las entidades podrán acceder a exenciones de tasas, derechos y servicios municipales contempladas en las ordenanzas correspondientes, mediante una solicitud que deberá realizarse una sola vez
Estas medidas buscan evitar que los incumplimientos administrativos deriven en la pérdida de beneficios para organizaciones que funcionan principalmente gracias al trabajo voluntario de sus integrantes. "El requisito de presentar balances certificados resultaba un obstáculo económico para muchas organizaciones pequeñas", explicó Galland al referirse a la modificación de la normativa vigente. Y agregó que esta exigencia técnica a menudo terminaba excluyendo a las entidades de los beneficios estatales. "Estas organizaciones son las que trabajan día a día en los barrios para mejorar la vida de la comunidad. Por eso nuestro compromiso es estar cerca, ayudarlas y acompañarlas", afirmó.
La iniciativa también introduce cambios en los mecanismos de fiscalización. En ese sentido, establece que las actuaciones de control ante denuncias deberán contar con el respaldo de al menos el 20% de los socios activos de la institución. Además, excluye expresamente del registro a las asociaciones, fundaciones o entidades creadas por sociedades comerciales, bancarias u otras personas jurídicas que desarrollen actividades lucrativas, incluso cuando declaren objetivos de interés social.
Entre los puntos de la nueva norma también se destaca que la Dirección General de Entidades asumirá como autoridad de aplicación directa de la normativa, lo que agilizará los trámites.
