Gendarmería allanó la UTN por la causa que investiga un presunto fraude entre la Cámara de empresas de control de infracciones y municipios bonaerenses.
Una vez más, la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) La Plata fue allanada por Gendarmería en medio de una causa por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas al negocio de las fotomultas entre la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA) y municipios bonaerenses.
El procedimiento fue encabezado por efectivos de Gendarmería y dispuesto por el juez federal Ernesto Kreplak. La causa apunta a un presunto esquema de triangulación de fondos públicos entre la UTN, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA) y varios municipios de la provincia de Buenos Aires.
El nuevo ministro de Transporte le aceptó la renuncia al magistrado de La Plata. Está imputado en la causa que investiga si borraba multas a cambio de coimas.
La Justicia investiga a CECAITRA por instalar cinemómetros sin autorización y facturar millones con fotomultas. También se allanó la casa de su presidente.
Según fuentes judiciales, se detectaron vínculos directos entre empleados de CECAITRA y la universidad, ya que se habrían firmado contratos desde ambas instituciones de manera simultánea. Esta situación configuraría un conflicto de intereses grave, que refuerza las sospechas de manejos poco transparentes en el sistema de infracciones.
Uno de los elementos clave que impulsó el nuevo operativo fue el hallazgo de formularios de distribución de ingresos, supuestamente confeccionados por la UTN, que estaban directamente asociados a cuentas bancarias de CECAITRA, sin haber pasado por los mecanismos administrativos formales de la universidad.
Además de lo ocurrido en La Plata, la investigación se extiende a otros once municipios bonaerenses, entre ellos Morón, La Matanza, General Pueyrredón, San Isidro y Zárate. En ese expediente interviene el juez Juan Manuel Culotta y el fiscal Paulo Starc, con colaboración de Kreplak. Allí también se investiga el papel de las empresas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., presuntamente implicadas en convenios con escasa supervisión del Estado.
El esquema de las fotomultas replica una lógica similar en cada distrito: el 20% de lo recaudado queda en manos de la Provincia y el 80% restante se distribuye entre los municipios y los prestadores del servicio. Sin embargo, en la práctica, buena parte de esos fondos terminarían siendo canalizados hacia empresas privadas o fundaciones vinculadas a universidades, con escasa o nula fiscalización.
Por otra parte, la Justicia penal de La Plata también investiga una causa relacionada. El fiscal Álvaro Garganta instruye un expediente que involucra a la exgestión del Ministerio de Transporte bonaerense, liderada por Jorge D’Onofrio. En este caso, se indaga si se otorgaron beneficios indebidos a CECAITRA.
Como respuesta, D’Onofrio denunció a la empresa Secutrans S.A. por operar con al menos 50 radares sin respaldo administrativo. Además, solicitó que se le quite el estatus de “particular damnificado” a su exrepresentante, Leandro Camani, argumentando que la falta de documentación válida pondría en duda la legalidad de las infracciones registradas.
El trasfondo de estas investigaciones pone el foco en la utilización de instituciones públicas, como universidades, para formalizar contratos que en realidad podrían haber servido para desviar recursos públicos. La Justicia busca esclarecer si estas plataformas fueron usadas para encubrir circuitos opacos que terminaron perjudicando a los municipios y a los contribuyentes.