Se trata de un proceso colectivo para que el Ministerio de Salud garantice la provisión de misoprostol y mifepristona en hospitales públicos de todo el país.
La Sala III de la Cámara Federal de La Plata confirmó una resolución del Juzgado Federal N°2 que certificó un proceso colectivo presentado por la Asociación Civil "La Ciega". El reclamo busca que el Ministerio de Salud de la Nación garantice la compra y distribución de misoprostol y mifepristona para cumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es decir, aborto legal.
La nueva decisión de la Justicia Federal ratificó el fallo del juez Alejo Ramos Padilla que había ordenado la certificación del proceso colectivo iniciado la ONG exigiéndole al Gobierno argentino que cumpla con su obligación de adquirir y distribuir los medicamentos necesarios para realizar interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos de todo el país.
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La acción judicial tiene carácter preventivo y se encuadra dentro la Ley IVE y del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
El objetivo central es asegurar el acceso efectivo a los citados fármacos , considerados esenciales para los procedimientos de aborto seguro.
El Ministerio de Salud apeló la decisión inicial al cuestionar la legitimación activa de "La Ciega" y las medidas de publicidad ordenadas, que incluían la publicación de la causa durante 30 días en la página web de la cartera sanitaria y en el Boletín Oficial. Sin embargo, la Sala III rechazó los argumentos del Estado nacional.
Según consta en el documento al que accedió 0221.com.ar, el Tribunal sostuvo que el reclamo se refiere a "derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos", ya que involucra el derecho de acceso a la práctica de la IVE con los insumos necesarios. En ese marco, consideró que la asociación cumple con el requisito de representatividad adecuada, al estar formalmente inscripta y tener entre sus fines la defensa de los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva.
Los jueces también consideraron razonables las medidas de publicidad adoptadas, señalando que disposiciones similares se aplicaron en otros procesos colectivos; y afirmaron que la difusión en el sitio web del Ministerio y en el Boletín Oficial constituye una vía "proporcionada y suficiente" para garantizar la participación de las personas interesadas.