En el marco de la disputa por la llegada de las SAD a la Argentina, uno de los grupos inversores que promociona el Gobierno, quebró.
Sin lugar a dudas que la quiebra del Grupo 777 Partners pone en alerta a los impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en la Argentina, que tiene como principal impulsor al Gobierno nacional en la figura de Daniel Scioli, el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.
El grupo inversor fundado en el año 2015 en Miami, Estados Unidos, tenía el control mayoritario de Vasco Da Gama de Brasil, donde la Justicia le había retirado el control del club por una demanda por fraude económico. Ante esto, el club volvió a quedar en manos de los dirigentes del club. El Grupo 777 Partners también había sufrido lo mismo en Bélgica, donde controlaba el Standard Liege.
Según da cuenta el sitio Doble Amarilla, el grupo estadounidense se había hecho con el control del 70% del club carioca en septiembre de 2022, por unos R$ 700 millones (unos U$S 135 millones de la época), con la promesa de acabar con las deudas del club e invertir otros R$ 700 millones.
Además, en base a la información proporcionada por Josimar Football, también se supo que el grupo ha sido desalojado de sus oficinas en Miami y Newport Beach debido a la falta de pago de alquileres. Al dejar de ser "una empresa en funcionamiento”, las acciones que el Grupo 777 Partners tenía en los clubes Genoa, Red Star FC, Vasco de Gama y Sevilla, entre otros, pasaron a ser del grupo de inversiones neoyorquino A-CAP.
El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, confirmó la suspensión de las leyes y decretos que les permiten a los clubes de fútbol convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Lo hizo al rechazar dos presentaciones del gobierno nacional de Javier Milei y así ratificó su fallo de principio de septiembre en el que dictó una medida cautelar que puso en pausa la habilitación de las SAD. Ahora intervendrá la Cámara Federal de San Martín.
Teniendo en cuenta esto, Infobae además agrega que Tezanos Pinto rechazó la semana pasada dos presentaciones del gobierno, informaron a Infobae fuentes judiciales. Una para que revoque su fallo y la segunda para que la apelación sea con efectos suspensivos, eso es que mientras se revisa la causa las normas cuestionadas sigan en vigencia.
El magistrado aceptó la apelación del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, y de la Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Rodolfo Barra, y elevó la causa a la Cámara Federal de San Martín para que revise la medida cautelar. El caso ya ingresó a ese tribunal.