El ataque ocurrió dentro del anillo de seguridad en el Bosque en la previa del clásico platense del 15 de febrero. La causa no tiene imputados.
Este miércoles 15 de abril de 2026 se cumplen exactamente dos meses de uno de los episodios más inquietantes del último clásico platense: el ataque al micro que trasladaba al plantel de Estudiantes de La Plata hacia el estadio de Gimnasia.
El hecho ocurrió el 15 de febrero, en la previa del partido disputado en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, cuando al menos un botellazo impactó contra el colectivo de la delegación visitante y rompió uno de sus vidrios.
En la llegada del micro de Estudiantes al estadio, un grupo de hinchas de Gimnasia le tiraron piedras y botellas. El chofer habló tras los incidentes
Además de analizar el encuentro, Eduardo Domínguez fue consultado por los piedrazos al micro y estalló de la bronca por
A pesar de la gravedad institucional del episodio —ocurrido en el marco de un operativo de seguridad reforzado—, la causa judicial sigue sin responsables identificados. El expediente tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 12, especializada en violencia en espectáculos deportivos, bajo la órbita del fiscal Fernando Padován.
A dos meses del hecho, el caso no sólo expone la falta de avances investigativos, sino también versiones contrapuestas entre el club denunciante y fuentes judiciales, que revelan tensiones sobre cómo se activó —o no— la investigación.
El dato más sensible del caso sigue siendo el mismo desde el primer día: la agresión ocurrió dentro del anillo de seguridad dispuesto para el clásico, uno de los eventos de mayor riesgo en la agenda futbolística de La Plata.
Según la reconstrucción realizada para este informe, el micro de Estudiantes fue atacado cuando ya se encontraba dentro del perímetro custodiado por fuerzas policiales. Ese anillo formaba parte de un operativo que, según información oficial previa, incluía: 650 efectivos policiales, seguridad privada, controles de admisión, monitoreo por cámaras, custodia específica para la delegación visitante, presencia de tecnología de vigilancia, incluidos sistemas aéreos.
El impacto del botellazo rompió un vidrio del colectivo y generó una situación de riesgo directo para los ocupantes. Con el paso de los días, desde el club dejaron trascender que al menos una persona resultó lesionada, lo que elevó la preocupación interna por el episodio.
Sin embargo, dos meses después, la investigación no logró responder la pregunta central: quién arrojó el objeto contundente en una zona que debía estar completamente controlada.
El expediente quedó radicado en la UFIJ 12, pero su evolución es objeto de controversia.
Desde Estudiantes sostienen que el avance es prácticamente nulo. “Hasta ahora la fiscalía no comentó ningún avance”, señalaron fuentes del club consultadas para este informe.
La postura institucional del club se apoya, además, en cuestionamientos más amplios sobre el funcionamiento de la fiscalía en este tipo de casos. Tal como surge de los audios a los que accedió este medio, en la dirigencia albirroja existe malestar por lo que consideran falta de diligencia investigativa.
Entre los reclamos aparecen preguntas concretas:
Hasta el momento, ninguna de esas incógnitas tiene una respuesta pública en el expediente.
Frente a esos cuestionamientos, fuentes judiciales con acceso directo a la causa ofrecieron una versión distinta sobre el estado del expediente.
Según indicaron, “nunca hubo sumario policial ni denuncia”, lo que habría limitado el impulso inicial de la investigación. Además, señalaron que “tampoco autoridades del club se comunicaron con la fiscalía” tras el episodio.
No obstante, aclararon que, aun sin esos elementos, desde la fiscalía se dispusieron algunas medidas:
El resultado de esa diligencia, según las mismas fuentes, fue “negativo”.
En relación a las personas afectadas por el episodio, explicaron que “las lesiones son de instancia privada”, lo que implica que requieren una acción directa de la víctima para impulsar la investigación penal.
Por último, remarcaron que mantienen contacto institucional tanto con Gimnasia como con Estudiantes, en el marco del seguimiento del caso.
Más allá de las diferencias entre las partes, el expediente deja al descubierto una posible falla estructural: un operativo de gran escala que no logró prevenir ni esclarecer una agresión directa contra una delegación oficial.
El clásico había sido presentado como un evento con control exhaustivo, incluyendo monitoreo en tiempo real y dispositivos tecnológicos de última generación.
En ese contexto, el hecho de que, el ataque haya ocurrido dentro del perímetro de seguridad, no se haya identificado al agresor y no haya registros concluyentes en las cámaras, plantea interrogantes sobre la eficacia real del sistema de vigilancia implementado.
Desde Estudiantes, una de las críticas más reiteradas apunta justamente a esa contradicción: la existencia de recursos tecnológicos que, al menos hasta ahora, no produjeron resultados verificables en la investigación.
El caso sumó un elemento adicional que eleva la temperatura del conflicto.
Desde Estudiantes señalaron que, en la previa del partido, habría ingresado al estadio al menos una persona con derecho de admisión vigente a esa fecha.
Según esa versión, se trataría de Cristian Camilleri, conocido como “El Volador” y sindicado como jefe de la barra brava de Gimnasia, identificada como “La Banda de Fierro” o “La 22”.
En el entorno del club aseguran que circularon imágenes que mostrarían su presencia en el estadio ese día. Esas imágenes que llegaron a la redacción de este medio no es posible corroborar su autenticidad de manera concluyente, por lo que se optó por no difundirlas.
El dato, de confirmarse, abriría otro frente de discusión: el cumplimiento de los controles de admisión en un partido donde, precisamente, se había reforzado el operativo para evitar incidentes.
A dos meses del clásico, el expediente por el ataque al micro de Estudiantes se convirtió en un caso testigo sobre las dificultades para investigar hechos de violencia en el fútbol, incluso cuando ocurren bajo condiciones de máxima seguridad.
El cruce de versiones entre el club y la fiscalía deja en evidencia problemas en la activación de los mecanismos judiciales, desde la radicación de denuncias hasta la recolección de pruebas.
Pero, sobre todo, el caso expone una paradoja: un episodio violento ocurrido en un entorno hipercontrolado que, sin embargo, no dejó rastros suficientes para identificar a su autor.
Mientras tanto, el interrogante sigue abierto. Dos meses después del botellazo que rompió el vidrio del micro albirrojo en el Bosque, nadie fue identificado, nadie fue imputado y la causa sigue sin respuestas concretas.