La distribución del Impuesto PAÍS es uno de los puntos que genera más polémica en los intensos debates que se llevan a cabo en el Congreso.
En el marco del tratamiento parlamentario de la Ley Ómnibus, el oficialismo y la oposición discuten el futuro del Impuesto PAÍS, el tributo lanzado durante el gobierno de Alberto Fernández que deben abonar los argentinos para la compra de moneda extranjera.
Actualmente, el 42% del Impuesto PAÍS se destina a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el 28% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), totalizando un 70%. A su vez, el 9% se asigna al financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el 19,5% se destina a Obras de Infraestructura Económica y el 1,5% restante financia actividades de fomento del turismo nacional.
Se trata de actualización parcial correspondientes al año 2023 del impuesto a los combustibles. Sin embargo, ya hubo un incremento en varios surtidores.
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Tomando como referencia la recaudación de ese tributo en el mes de enero, que alcanzó los 469.199 millones de pesos, se puede deducir que la ANSeS y el PAMI recibirán 328.439 millones de pesos, mientras que para el financiamiento de obras de vivienda social, a cargo del FISU, se destinarán 42.228 millones de pesos. En tanto que se asignarán 91.494 millones de pesos a Obras de Infraestructura Económica y 7.038 millones a financiar el fomento del turismo nacional.
Sin embargo, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; presionan para que el 100% de lo recaudado por el Impuesto PAÍS se destine a la ANSeS y al PAMI a través de la incorporación del artículo 179 del proyecto de Ley Ómnibus. En caso de que la iniciativa obtenga los votos necesarios para su sanción, el financiamiento para obras de vivienda social del FISU caería a 0 pesos, del mismo modo que las obras de infraestructura económica y el fomento del turismo.
Las provincias vienen reclamando la necesidad de coparticipar el Impuesto PAÍS, sin embargo desde hace días el Gobierno se mantiene firme en que el tributo no se va a coparticipar bajo el argumento de que el cepo cambiario se levantaría entre abril y junio de este año. De hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó en claro que el Gobierno nacional no discutirá "ningún punto que tenga que ver" con modificaciones en materia fiscal antes de que el Congreso sancione la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
Los legisladores de los bloques dialoguistas, presionados por la urgencia de los gobernadores, insisten en que el Gobierno asegure el flujo de fondos para las provincias y ratifican la importancia de que se copartícipe el 30% de lo recaudado por el Impuesto PAÍS, al tiempo que advierten que cuentan con una base de diputados y senadores nacionales que pueden incidir en el resultado final de cualquier votación.
Mientras el Gobierno ajusta la estrategia para conservar el manejo del 100% de los recursos, los movimientos sociales y los trabajadores de la economía popular aparecen en el radar como una amenaza debido a su clásica capácidad de movilización frente a la posibilidad de que se desfinancien los programas de vivienda social en todo el país.