La Justicia de La Plata hizo lugar al pedido de la familia de la policía muerta en Berisso. La causa quedó bajo la hipótesis de femicidio.
La muerte de la policía Érica Valdez, ocurrida en abril pasado en Berisso, fue recaratulada como femicidio, confirmaron fuentes judiciales ante la consulta de 0221.com.ar. La decisión representa un cambio relevante en el rumbo de una investigación que, desde el comienzo, estuvo atravesada por el reclamo de la familia para que no se descartara la posibilidad de que la mujer hubiera sido víctima de un crimen.
El cambio de carátula fue dispuesto luego de que la Justicia de La Plata hiciera lugar al planteo realizado por los familiares de Valdez, quienes desde hace meses cuestionan la hipótesis de un suicidio y reclaman que el caso sea investigado con perspectiva de género.
A 4 meses del disparo que terminó con su vida, la familia de Érica Valdez exige cambios en la investigación para esclarecer qué ocurrió en Berisso.
El arranque está previsto para el 25 de septiembre, pero un recurso contra la recusación podría volver a postergar el juicio por el crimen de Verónica Dessio.
La decisión no implica, por sí misma, que la Justicia haya determinado que Érica Valdez fue víctima de un femicidio. La causa continúa en plena etapa de investigación y el objetivo es establecer qué ocurrió aquella madrugada en el puesto policial de Berisso donde la oficial recibió el disparo que terminó provocándole la muerte.
El cambio de carátula se produjo además en el marco de las pautas establecidas por la Resolución P.G. N° 476/18 de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, que aprobó el protocolo elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
Ese protocolo establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de un potencial femicidio, sin descartar esa posibilidad de manera prematura.
La finalidad es evitar que una investigación quede inicialmente limitada a la hipótesis de un homicidio simple, un accidente o un suicidio cuando todavía existen medidas de prueba pendientes que podrían revelar la existencia de un contexto de violencia de género.
En otras palabras, la incorporación de la hipótesis de femicidio funciona como una obligación de investigación: deben agotarse las medidas necesarias para determinar si la muerte estuvo vinculada con violencia de género antes de descartar esa posibilidad.
El marco penal se encuentra en el artículo 80 del Código Penal, modificado por la Ley 26.791, que contempla como agravantes los homicidios cometidos mediando violencia de género o contra una mujer cuando el hecho sea perpetrado por su condición de tal.
Valdez tenía 34 años y se encontraba cumpliendo funciones de guardia el pasado 9 de abril, cuando recibió un disparo en el abdomen en un puesto policial ubicado en la zona de 60 y 128, cerca de la destilería de YPF, en Berisso. La mujer fue trasladada al Hospital Mario Larrain, donde permaneció internada y fue sometida a una intervención quirúrgica. Sin embargo, murió como consecuencia de las heridas sufridas.
Desde los primeros momentos, una de las hipótesis investigadas fue la de un presunto suicidio. Esa posibilidad fue rechazada por la familia, que comenzó a reclamar que se profundizaran otras líneas de investigación y que se analizaran las circunstancias que rodearon el disparo.
La causa comenzó en la UFI N°7. Posteriormente, la fiscal Virginia Bravo se excusó de continuar interviniendo y el expediente pasó a la UFI N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien recibió las actuaciones cuando estaba de turno.
Desde entonces, Garganta y su equipo llevan adelante una revisión de las medidas realizadas durante la primera etapa de la pesquisa, junto con el análisis de pericias, testimonios y otros elementos incorporados al expediente.
A cuatro meses de la muerte, los familiares de Valdez habían reclamado públicamente que la causa fuera caratulada como “femicidio triplemente agravado” y que se profundizara esa hipótesis.
También pidieron la detención de A.L.P., expareja de la policía, a quien señalan como presunto autor de un ataque. Ese planteo forma parte de los reclamos de la familia y no implica que la Justicia haya establecido su responsabilidad penal.
Los familiares también solicitaron que la Policía Bonaerense sea apartada de la investigación y que las medidas pendientes queden bajo intervención de otros organismos.
La familia sostiene, además, que existen contradicciones e irregularidades que deben ser analizadas y que no se agotaron todas las posibilidades para determinar cómo ocurrió el disparo.
Uno de los puntos cuestionados por los familiares está relacionado con unas presuntas cartas que, según sostienen, Érica habría escrito antes de morir.
La fiscalía había solicitado que esos documentos fueran entregados para realizar las correspondientes pericias. Sin embargo, recibió como respuesta que las cartas habían sido quemadas y ya no existían.
La imposibilidad de analizar esos elementos es otro de los aspectos que la familia considera relevante dentro de sus cuestionamientos a la investigación. Por ahora, la Justicia no estableció de manera concluyente cómo se produjo el disparo que provocó la muerte de Valdez.
La nueva carátula incorpora formalmente la hipótesis de femicidio y obliga a profundizar esa línea de investigación, pero el expediente todavía se encuentra abierto y en etapa de producción y análisis de prueba.
El fiscal Álvaro Garganta deberá determinar, a partir de las medidas pendientes y de la revisión de las actuaciones anteriores, si existen elementos suficientes para avanzar sobre la hipótesis de un homicidio cometido en un contexto de violencia de género o si, finalmente, esa posibilidad debe ser descartada.
