La familia de Érica Valdez cuestiona las pericias y pide apartar al fiscal que investiga su muerte en Berisso.
La muerte de Érica Valdez, la policía hallada sin vida en un módulo de Berisso el último 9 de abril, sigue rodeada de interrogantes para su familia. La querella cuestiona los estudios realizados, apunta a presuntas irregularidades en el manejo de pruebas y volvió a reclamar que el fiscal Álvaro Garganta sea apartado de la investigación.
La causa por el presunto femicidio continúa bajo la lupa de sus familiares y de su abogado, Diego Ontiveros, quien representa como particular damnificado a Jonathan Emilio Valdez. A través de distintas presentaciones judiciales, la querella objetó medidas de la Fiscalía N° 11 y pidió revisar aspectos centrales del expediente. Los planteos fueron presentados ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata y la Fiscalía General departamental.
El joven contó que se fue de su casa cuando era chico por el contexto de violencia que vivía la pareja. Un femicidio que sacudió a La Plata.
La casa de Barrio Hipódromo estaba precintada tras el terrible femicidio, sin embargo, varios delincuentes se metieron por el patio y se llevaron objetos.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la reconstrucción de los movimientos de su expareja Ángel Leonel Pérez, imputado en la causa, y a la consistencia de las pruebas reunidas. La familia también puso en duda la pericia sobre el arma secuestrada y el análisis de una presunta carta encontrada en el lugar.
Según el reporte de tráfico telefónico incorporado al expediente y citado por la querella, el 9 de abril a las 18.52 el celular de Pérez registró actividad en una antena ubicada en calle 121 entre 66 y 67.
Catorce minutos después, a las 19.06, el dispositivo impactó en una antena de Avenida del Petróleo Argentino 1551, en Berisso, con un radio de cobertura de 200 metros. A las 19.08, volvió a registrar actividad en otra celda situada sobre la avenida Rolón, también en esa ciudad.
Para el abogado de la familia, esa secuencia permite sostener que el imputado se desplazó hacia las inmediaciones del módulo policial de 138 y 60 y contradice su versión de que se encontraba durmiendo en su casa. La interpretación de esos registros forma parte de los cuestionamientos planteados por la querella.
Además, Ontiveros objetó un oficio enviado por la UFI N° 11 a Movistar el 15 de octubre, firmado por el instructor Germán Di Pascuale. En esa solicitud, la fiscalía consultó si la conexión de un teléfono a una antena permite establecer su ubicación de manera “inequívoca” o si también puede conectarse a una celda más distante.
La querella calificó la consulta como “capciosa” y solicitó que se suspenda o se amplíe con preguntas específicas sobre los movimientos registrados en el caso.
Otro eje de la presentación apunta al análisis genético de la pistola Taurus secuestrada. De acuerdo con lo expuesto por la familia, una pericia realizada por organismos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense detectó una cantidad prácticamente inexistente de material genético, consignada con un valor de 0,005, que no correspondía a Érica. También sostienen que no se encontraron huellas dactilares de la víctima en el arma.
A esas objeciones se suma la falta de una pericia balística que, según el abogado, todavía no se había realizado a más de seis meses del hecho. Ontiveros también cuestionó la hipótesis de suicidio al señalar que la autopsia estableció una trayectoria del disparo “de arriba hacia abajo”, que considera incompatible con esa posibilidad.
La presunta carta encontrada en el lugar también generó controversia. Según la familia, el análisis caligráfico comparó la escritura del documento con muestras de la letra de Érica obtenidas durante su paso por la Escuela Juan Vucetich, pero solamente cuatro letras habrían presentado coincidencias.
El abogado recurrió esa medida y la madre de la mujer policía desconoció como propia la totalidad de la escritura de la nota. La validez de ese documento es otro de los puntos cuya revisión reclama la querella.
En sus presentaciones, la familia también señaló que Pérez vendió su teléfono el 28 de julio. El dato surge de un oficio de la propia defensa del imputado, fechado el 8 de septiembre, en el que se habría atribuido la decisión a problemas económicos. Para Ontiveros, la venta se produjo después de que Pérez supiera que se había solicitado su detención.
El 28 de octubre, el abogado presentó un nuevo escrito ante el fiscal general Héctor Vogliolo y cuestionó el accionar de Álvaro Garganta. Según su planteo, el titular de la UFI N° 11 demoró casi dos meses en tramitar el pedido de citación por la fuerza pública contra Pérez, solicitado el 13 de julio.
La querella sostiene que esa demora impidió que el imputado fuera convocado a declarar como testigo, con obligación de decir verdad, y que finalmente se presentara el 4 de septiembre en calidad de imputado. Además, Ontiveros afirmó que una resolución del 22 de octubre hizo lugar parcialmente a su planteo y reconoció que la continuidad del fiscal recusado afectaba la objetividad de la investigación.
Las críticas también alcanzan a la cúpula policial. En el escrito, la querella denunció que un video de una estación de servicio YPF, registrado a las 19.16, en el que se vería a un hombre cruzar hacia el módulo policial, habría sido adulterado por el comisario Barrionuevo, de la Comisaría Cuarta de Berisso. Según esa acusación, se habría vulnerado la cadena de custodia del material.
El abogado también cuestionó la demora en realizar una pericia para mejorar la imagen y apuntó contra el comisario mayor Fernando Díaz, jefe departamental. Asimismo, denunció que los chats peritados del teléfono de Érica no fueron incorporados al sistema informático oficial.
Ante ese escenario, Ontiveros reiteró el pedido para que el expediente deje la UFI N° 11 y pase a la UFI N° 13, especializada en violencia de género y a cargo de Mariana Rufino. También promovió una recusación con causa contra Garganta y sus secretarios.
Los señalamientos contra los funcionarios judiciales y policiales corresponden a los planteos de la querella y deberán ser evaluados por la Justicia. Pérez conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso. La familia de Érica reclama que se profundicen las pericias, se revisen las pruebas y se esclarezcan las dudas que, según sostiene, persisten en la investigación.
