La FULP llamó a movilizar en abril tras la resolución que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de la semana de paro docente en la UNLP.
La Federación Universitaria de La Plata (FULP) convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 23 de abril, luego del fallo judicial que ordenó al gobierno nacional aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de creciente conflicto en el sector.
A través de un comunicado, la organización estudiantil celebró la resolución judicial y la vinculó con la movilización en defensa de la educación pública. "La justicia ratificó que el Gobierno debe ejecutar de inmediato la ley de presupuesto universitario", señalaron, y remarcaron que se trata de una norma "que ganamos en las calles y lleva casi 6 meses sin promulgar".
Tras semanas de paro en casas de altos estudios de todo el país, la Justicia Federal le ordenó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Docentes de la UNLP realizaron una clase pública frente al Rectorado durante el paro, en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y contra el ajuste.
En esa línea, desde la FULP sostuvieron que "esta victoria en la justicia es gracias a la lucha que venimos llevando adelante como comunidad universitaria" y afirmaron que el fallo "da fuerzas para continuar en la calle". Por eso, confirmaron la convocatoria a una "cuarta marcha federal" para las próximas semanas.
La movilización se da a la par de un nuevo capítulo del conflicto universitario en que los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) iniciaron el lunes otra semana de paro total, en reclamo de mayor presupuesto y recomposición salarial, profundizando el plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno nacional.
En este escenario, la Justicia Federal le ordenó al Ejecutivo aplicar de manera "inmediata" la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado por el Congreso. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo rechazó la apelación oficial y consideró "poco serios" los argumentos del Gobierno para no cumplir con la norma.
La resolución también establece la recomposición de los salarios de docentes y nodocentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025, y exige la actualización de las becas de investigación. Además, el fallo advierte que la suspensión por decreto de la norma resulta "ilegítima".
Con este nuevo respaldo judicial, el conflicto universitario suma un elemento clave y se encamina a una nueva jornada de protesta que promete volver a poner en el centro de la escena el financiamiento de las universidades públicas.