El Ejecutivo presentó una oferta para compensar pérdidas acumuladas por las universidades nacionales en parte de 2024, todo 2025 y los primeros meses de 2026.
El Gobierno argentino propuso implementar una recomposición salarial del 24,3% para intentar destrabar el conflicto con las universidades y sumó mejoras en becas, gastos operativos y hospitales académicos, pero condicionó el acuerdo a que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La oferta fue presentada durante un encuentro reservado entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y rectores que representaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La reunión buscó destrabar el conflicto presupuestario que derivó en la última Marcha Federal Universitaria por la educación pública, pero el acuerdo se vio empantanado por la exigencia oficial y el rechazo de los representantes de las casas de estudio.
La Corte Suprema puede resolver esta semana la causa por la Ley de Financiamiento Universitario y los fondos que las universidades reclaman al Gobierno.
La UNLP ratificó su condición de segunda mejor universidad de Argentina y se ubicó entre las 15 mejores de América Latina en el ranking CWUR 2026.
La propuesta oficial contempló una recomposición salarial del 24,3% para compensar pérdidas acumuladas durante parte de 2024, todo 2025 y los primeros meses de 2026. El esquema prevé un pago del 21,3% en junio y otro 3% en octubre. Además, incluyó la creación de una comisión técnica para revisar montos pendientes y reabrir negociaciones cada 3 meses, según indicó TN.com.ar.
El Gobierno presentó una propuesta para recuperar las pérdidas salariales acumuladas hasta ahora, en un esquema que prevé un pago del 21,3% en junio y otro 3% en octubre
En la misma línea, el Gobierno propuso incorporar un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones destinado a hospitales universitarios.
En las casas de estudio no están dispuestos a retirar la demanda judicial. Señalan que la acción judicial funciona como una garantía para las instituciones y que no existe acuerdo interno para abandonarla.
En la administración nacional, por su parte, respondieron que el CIN, encabezado por Franco Bartolacci, no está dispuesto a retroceder en el plano judicial para evitar costos dentro de la comunidad universitaria y sostienen que a raíz de ello las negociaciones se encuentran frenadas.