Las condiciones legales y políticas para que el Poder Ejecutivo avance sobre la autonomía de una provincia. Qué dice la Constitución y en qué casos aplica.
El presidente Javier Milei le pidió este viernes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que renuncie a su cargo para intervenir la provincia de Buenos Aires ante los casos de inseguridad y la crisis desatada tras el crimen de Kim Gómez en La Plata que falleció durante un robo. ¿En qué casos se puede aplicar ese mecanismo?
La Constitución Nacional prevé que el Poder Ejecutivo Nacional puede disponer la intervención federal y tomar el control de una provincia en situaciones excepcionales. El artículo 6° de la carta magna determina que hay tres razones en las que el presidente está habilitado a avanzar con ese mecanismo en las provincias "para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia".
El presidente Javier Milei lanzó un duro mensaje en X y remarcó que la visión del Gobierno nacional sobre la seguridad es opuesta a la de la Provincia.
El gobernador Axel Kicillof reunirá a la dirigencia peronista en La Plata para responder a las críticas del presidente Javier Milei. Julio Alak dirá presente.
El procedimiento para decretar una intervención es una atribución del Congreso Nacional, desde la reforma constitucional de 1994. Ahora bien, según indica la propia normativa, el Presidente de la Nación puede decretarla de manera excepcional si el Congreso está en receso, pero luego el Poder Legislativo debe aprobarla una vez que se retome la actividad.
Desde el retorno de la democracia en 1983, tres provincias fueron intervenidas por el Gobierno nacional a lo largo de los diferentes gobiernos. Tucumán fue intervenida en 1991 por el presidente Carlos Menem, quien desplazó al gobernador José Domato y designó a Julio César Aráoz como interventor. Ese mismo año también decretó la intervención de Catamarca, tras el crimen de María Soledad Morales, que generó una crisis que derivó en la destitución del gobernador Ramón Saadi.
En 1993, el Ejecutivo intervino la provincia de Santiago del Estero tras un estallido social generado por la crisis económica. El gobernador Carlos Mujica fue desplazado y Juan Schiaretti asumió como interventor.
En tanto, en 2004, el presidente Néstor Kirchner envió un proyecto al Congreso para intervenir nuevamente Santiago del Estero bajo el argumento de que existía alteración de la forma republicana de gobierno debido a las denuncias de espionaje a opositores, abusos policiales y corrupción que recaían en la gestión de la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez.