Para la administración bonaerense de Axel Kicillof, el plan impulsado por el gobierno de Javier Milei es “una amnistía para evasores”.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que no adherirá al blanqueo y tampoco habrá perdón especial por deudas no declaradas. Ahora, los contribuyentes bonaerenses que ingresaron a esta operatoria deberán afrontar el pago de una serie de impuestos provinciales.
Con los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva 2025 ya presentados en la Legislatura, el gobierno provincial no se va a plegar a este plan del presidente Javier Milei, al que calificaron como “una amnistía para evasores”.
En línea con esa mirada, el gobierno de Axel Kicillof también definió que no habrá perdón para los bonaerenses que ingresaron si por los montos o capitales involucrados surgen deudas con el fisco provincial.
Es una diferencia clave respecto del blanqueo anterior durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando la entonces gobernadora María Eugenia Vidal había condonado las deudas con ARBA.
Con ese esquema vigente, los bonaerenses que blanquearon se exponen a tener que pagar impuestos provinciales por los activos involucrados -físicos y financieros-, a diferencia de lo que ocurre con el fisco nacional, que no cobra nada cuando la exteriorización es de hasta USD 100.000. “La no adhesión no modifica la conducta y las políticas que desplegó Arba desde que llegó Axel”, le dijeron a la Agencia DIB desde ARBA.
En principio, los impuestos que podrían tener que abonar por el capital blanqueado son Ingresos Brutos -por la actividad económica-, Sellos -por contratos no declarados- y también el Inmobiliario, en el caso de blanqueo de propiedades. La posibilidad de avanzar con esos gravámenes depende de la información que entregue el fisco nacional respecto de los capitales blanqueados, ya que Provincia solo accede en forma automática a los datos sobre quiénes abrieron cuestas CERA -las que se utilizaron para los depósitos- pero no al monto que contiene cada una.
En el Gobierno de Kicillof advirtieron que podrán implementar varias acciones para dar con los impuestos provinciales no pagados, que podrían incluir fiscalizaciones específicas ante indicios de blanqueos, la determinación de multas, la radicación de denuncias penales y el incremento del perfil de riesgo fiscal del contribuyente. Si en eventuales fiscalizaciones el contribuyente alega que los ingresos bancarios o registros contables que generen inconsistencias son producto del blanqueo, ello no sería oponible ante ARBA, indicaron.
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