El gobierno de Axel Kicillof denunció que la Nación cambió artículos del pliego y sumó nuevas exigencias con el proceso en marcha. Piden veedores.
El gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP) y la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A (Aubasa), denunció irregularidades en el proceso de la licitación pública, nacional e internacional, de la Red Federal de Concesiones - Etapa II, que contempla la administración y concesión de 1.800 km de rutas nacionales en el territorio bonaerense.
En ese sentido, la cartera de Infraestrutura realizó este lunes una presentación ante el Ministerio de Economía de la Nación en la que solicita la designación de veedores, del Defensor del Pueblo de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a fin de "garantizar la legalidad, objetividad, transparencia, imparcialidad y razonabilidad del procedimiento administrativo en curso".
"Cada peso que se cobra en peaje va a obras viales", dijo el presidente del organismo, José Ramón Arteaga.
La empresa Abasa intensificó los controles de alcoholemia y seguridad vial en rutas y autovías durante el fin de semana largo de Semana Santa.
Aubasa se presentó en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur - Atlántico - Acceso Sur, que incluyen 1.325 km de las RN 3, RN 205, RN 226 y las AU Ezeiza-Cañuelas y la AU Riccheri. Pero, según denuncian desde el gobierno de Axel Kicillof, se modificaron 33 de 34 artículos del pliego cuando el proceso ya estaba iniciado.
El llamado a licitación se lanzó el 12 de noviembre de 2025, mientras que el 13 de febrero de 2026 se cumplió el plazo para la recepción de consultas y el 27 de ese mismo mes, se llevó a cabo el 1° acto de apertura de las ofertas presentadas. Dentro de las fechas mencionadas y sobre la marcha del proceso, el gobierno nacional emitió cuatro circulares con modificaciones y nuevas exigencias que no figuraban en el pliego original.
Según detallaron desde Infraestructura, la circular modificatoria sin consulta N° 2 publicada el 6 de febrero -es decir, siete días antes de la fecha para recibir consultas-, se introdujeron cambios sustanciales en los requisitos de admisibilidad como ser nuevas exigencias técnicas y económico-financieras, de documentación contable, de certificaciones y de perfiles profesionales.
Entre la publicación de esta circular y la fecha de presentación de ofertas -27 de febrero- transcurrieron sólo doce días hábiles administrativos en el que las empresas interesadas debieron adecuarse a requisitos que hasta ese momento no existían en la licitación.
Además, no se estableció una prórroga razonable para brindar las respuestas a las nuevas exigencias y esto pudo haber afectado a la igualdad de condiciones entre oferentes y la previsibilidad del procedimiento.
Desde el gobierno de Kicillof advirtieron que Aubasa cumplió "con todos los requisitos" de los pliegos desde el inicio, sin omisiones, sin documentación faltante y sin perfiles inadecuados. "A pesar de ello, la Comisión Evaluadora le requirió a la empresa algunas aclaraciones respecto de aspectos que no eran exigidos en el pliego. Una de ellas, tuvo que ver con la validación de su experiencia en la gestión de obras, ya que se alega que los trabajos presentados fueron realizados por terceros", agregaron.
Consideraron también que "es la empresa mejor posicionada, cumplió todos los requisitos y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras que eviten el deterioro de estos corredores y sostengan el desarrollo productivo de la provincia".
"Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones, con una tarifa adecuada y competitiva. Vamos a hacer un seguimiento estricto para garantizar a los usuarios y usuarias la correcta administración y adjudicación de este proceso", concluyeron.
La empresa, que es presidida por el platense José Arteaga, acredita más de 15 años de gestión directa de rutas y autopistas con peajes en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, entregó voluntariamente un estado contable intermedio que no era de presentación obligatoria para la empresa, dado que su cierre de ejercicio no superaba los seis meses anteriores a la apertura de ofertas de la licitación.
En este contexto, desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que una eventual desestimación de la propuesta de Aubasa "sería arbitraria y sin fundamento, teniendo en cuenta que es una de las empresas públicas que presenta mejores criterios de admisibilidad (en cuanto a estados contables, perfiles profesionales, metodologías de trabajo, en comparación con al menos 6 de los otros 9 oferentes privados, a la vez que ofrece un servicio superador: tiene las tarifas más accesibles y lo que recauda lo invierte en obras".
La Provincia sostiene que, si continúan las irregularidades en la elección final, dejando afuera a Aubasa, "impactaría en la transparencia y previsibilidad del proceso institucional y afectaría por sobre todo a las personas usuarias, los sectores productivos y de los municipios que necesitan corredores transitables, seguros y con mantenimiento eficiente".