Diputados presentarán un proyecto en la Legislatura para otorgar una pensión a víctimas del fentanilo adulterado, en medio del avance de la causa judicial.
En medio del avance de la causa judicial que investiga la tragedia sanitaria causada por el uso de fentanilo adulterado, un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone crear una pensión graciable, vitalicia y mensual para personas afectadas y familiares de víctimas fatales, con el objetivo de reparar el daño sanitario y social provocado.
Impulsada por el diputado Christian Castillo, la iniciativa prevé una compensación económica destinada a quienes hayan sufrido daños graves, secuelas permanentes o un deterioro significativo en su salud tras recibir medicamentos elaborados con citrato de fentanilo adulterado o no apto para uso humano. El proyecto será presentado este martes al mediodía y contará con la presencia de familiares de las víctimas, que se reunirán en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense.
En esa misma línea, el proyecto contempla también a los familiares de las personas fallecidas, estableciendo un orden de prioridad que incluye al cónyuge o conviviente, hijos menores de edad, hijos con discapacidad o incapacidad laboral y, en ausencia de ellos, a los padres que acrediten dependencia económica.
Para poder acceder al beneficio, los solicitantes deberán acreditar la relación entre el daño sufrido y el suministro del medicamento mediante documentación respaldatoria, como historias clínicas, certificados médicos o de defunción, informes sanitarios o actuaciones judiciales.
El proyecto establece que el monto de la pensión será móvil y equivalente al salario de bolsillo de una categoría inicial de la administración pública provincial
En cuanto al monto, la pensión será móvil y equivalente al salario de bolsillo de una categoría inicial de la administración pública provincial. A su vez, la propuesta establece que el beneficio será compatible con indemnizaciones judiciales, seguros o coberturas de salud, aunque no podrá percibirse en simultáneo con otra pensión graciable otorgada por los mismos hechos.
El esquema de implementación también establece que el Ministerio de Salud bonaerense actúe como autoridad de aplicación, encargándose de evaluar las solicitudes y determinar su procedencia, mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) será el organismo responsable de efectivizar los pagos.
Más allá de la asistencia económica, el proyecto incorpora también un abordaje integral al garantizar el acceso a la cobertura del Insituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y a un acompañamiento interdisciplinario que incluya atención médica, psicológica, psiquiátrica, social y de rehabilitación para las víctimas y sus familias.
En ese contexto, también se propone la creación de un Registro Provincial de Víctimas y Familiares, una herramienta clave para sistematizar la información, facilitar el acceso a los beneficios y dimensionar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del caso.
La iniciativa se inscribe en un escenario marcado por los avances de la investigación judicial. A principio de año, la Justicia Federal confirmó que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 111, luego de analizar 159 casos clínicos, de los cuales 48 personas lograron sobrevivir.
Durante la feria judicial, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak encabezó la revisión de más de 170 historias clínicas de pacientes internados en distintos puntos del país, incluidos Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y dispuso nuevas pericias a cargo del Cuerpo Médico Forense. A partir de ese trabajo, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 resolvió concentrar la investigación en aquellos casos donde se acreditó la compatibilidad clínica, el suministro de fentanilo de HLB Pharma y la presencia de bacterias mediante estudios específicos.
Entre los centros de salud involucrados aparece el Hospital Italiano, que además actúa como denunciante en la causa, donde se registraron al menos 18 muertes asociadas al suministro del opioide sintético adulterado.
En los fundamentos del proyecto se advierte que el episodio implicó la distribución de ampollas contaminadas con bacterias peligrosas como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia picketti, lo que generó un daño sanitario de gran magnitud y expuso tanto responsabilidades empresariales como fallas en los controles estatales.
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