El gobierno nacional avanzará con una ampliación de la red de alta tensión para reforzar el abastecimiento eléctrico en el área metropolitana de Buenos Aires.
El gobierno nacional lanzará en los próximos días una licitación considerada clave para mejorar el sistema eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reducir los frecuentes cortes de luz que afectan a millones de usuarios durante los picos de consumo.
La iniciativa contempla la ampliación de la red de transporte eléctrico mediante la construcción de más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión y nuevas estaciones transformadoras, en una obra que demandará una inversión estimada de entre 700 y 800 millones de dólares.
El Gobierno argentino impulsa la agenda legislativa con el envío de proyectos clave al Congreso, incluyendo el super-RIGI y reformas sobre lobby.
La decisión de Provincia permitió duplicar la cantidad de equipos operativos respecto de 2019 y aumentar la cantidad de estudios en el sistema sanitario.
El proyecto, denominado "AMBA I", será financiado por privados bajo un esquema de concesión de obra pública y contará con garantías parciales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según trascendió, una de las principales novedades del esquema es que la empresa adjudicataria podrá comenzar a recuperar parte de la inversión a medida que avance la construcción, mediante ingresos incorporados al componente de transporte de las tarifas eléctricas que pagan los usuarios.
La obra forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico impulsado por el gobierno de Javier Milei y apunta a resolver uno de los principales problemas estructurales del sistema energético argentino: la falta de expansión de la red de transmisión durante más de una década.
Aunque en los últimos años aumentó la generación eléctrica, especialmente a partir del gas y las energías renovables, gran parte de esa capacidad no puede aprovecharse plenamente debido a las limitaciones de transporte.
El proyecto prevé que el concesionario privado financie, construya, opere y mantenga la infraestructura durante al menos 15 años. El plazo estimado de ejecución ronda los 52 meses.
Desde el sector energético advierten que el AMBA concentra cerca del 40% del consumo eléctrico nacional y que las restricciones en la red se vuelven especialmente críticas durante el verano y el invierno, cuando crece el riesgo de interrupciones del servicio.
En paralelo, el Gobierno también avanza con otras medidas para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico, entre ellas nuevas licitaciones para sumar generación térmica y proyectos de almacenamiento de energía mediante baterías en distintas regiones del país.
La estrategia oficial busca evitar el financiamiento directo del Estado nacional y trasladar el desarrollo de infraestructura al sector privado, manteniendo el rol regulatorio en manos del Estado.