La Provincia aprobó un protocolo único para recolectar, conservar y remitir muestras de ADN, con nuevas reglas para reforzar la cadena de custodia.
La Provincia oficializó este lunes la aprobación del "Protocolo Unificado de la provincia de Buenos Aires para la Recolección, Conservación y Remisión de Muestras para Análisis de ADN" y dio un paso clave para establecer procedimientos que garanticen la seguridad y eficiencia en el levantamiento, recopilación y preservación de evidencias genéticas.
La normativa fue oficializada a través de la Resolución N°2.060, firmada por el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y fue elaborada de manera conjunta por esa cartera y la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.
Según se indicó, además, en la elaboración del protocolo participaron la Superintendencia de Policía Científica, la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y el Departamento de Coordinación de Institutos Forenses y Gabinetes Periciales de la Procuración. También intervinieron la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
En particular, el documento fija requisitos para reforzar la trazabilidad, preservación y valor probatorio de las evidencias genéticas. Entre otras medidas, establece criterios uniformes para la capacitación y protección del personal, el uso de materiales adecuados, el embalaje y rotulado individual de las muestras y el mantenimiento de la cadena de custodia durante todo el proceso.
Como regla general, los laboratorios admitirán inicialmente hasta cinco evidencias dubitadas por remisión, seleccionadas de acuerdo con su posible utilidad para esclarecer el hecho. Además, podrán rechazar aquellas muestras que no cumplan con las condiciones de embalaje, identificación o documentación previstas por la normativa.
La guía contempla procedimientos específicos para escenas del crimen, allanamientos, muestras de referencia y delitos contra la integridad sexual. En todos los casos se pone especial énfasis en prevenir la contaminación de las muestras y preservar su utilidad para los análisis.
Para los delitos contra la integridad sexual, el protocolo incorpora además pautas vinculadas con la protección física y psicológica de las víctimas y establece que deberá respetarse su consentimiento para la toma de evidencias.
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