El nuevo esquema de la Provincia sobre el uso del agua incorpora variables técnicas y ambientales para actividades productivas y urbanizaciones privadas.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobó el Decreto 3233/25 y modificó el cálculo del canon por uso del agua para usuarios no domiciliarios. La medida, aplicada a emprendimientos productivos y desarrollos privados, excluye a los hogares y apunta a desalentar la sobreexplotación mediante un esquema basado en parámetros técnicos.
La actualización quedó a cargo de la Autoridad del Agua( ADA) y reemplaza criterios uniformes por un modelo que considera variables ambientales y productivas. El sistema incorpora el caudal declarado, el origen del recurso, superficial o subterráneo, el factor de retorno, la escala del proyecto y la disponibilidad hídrica regional.
Vialidad restringió la circulación para vehículos de más de 7 toneladas, y la medida alcanza la Ruta 2, Autopista La Plata-Buenos Aires, y otras rutas.
El gobierno bonaerense convocó a los gremios con representación en el Estado para mejorar la oferta salarial en paritarias, pero los gremios la rechazan.
Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que la medida permitirá avanzar hacia un sistema “más ordenado y transparente”, al reducir márgenes de discrecionalidad y vincular el pago al uso efectivo del recurso. La implementación será gradual para facilitar la adaptación de los sectores alcanzados por el nuevo esquema.
El núcleo del decreto introduce una lógica económica progresiva. Los mayores volúmenes de extracción afrontarán costos marginales crecientes, mientras que las actividades con menor retorno o que utilicen fuentes más vulnerables, como determinados acuíferos, deberán abonar valores más elevados en función del impacto generado.
El esquema también prevé incentivos vinculados a la eficiencia hídrica. Los usuarios que instalen medidores de caudal o logren reintegrar mayores porcentajes del recurso sin alteraciones significativas en su calidad podrán acceder a reducciones en la carga económica establecida por la normativa.
Los fondos recaudados continuarán destinados a tareas de medición, planificación, monitoreo y control desarrolladas por la ADA. Estas acciones buscan garantizar la disponibilidad y calidad del recurso a largo plazo, en línea con políticas de gestión orientadas a la preservación ambiental.
La actualización fue publicada en el Boletín Oficial y se encuadra dentro del Código de Aguas, Ley 12.257, que establece el dominio provincial sobre los recursos naturales. Con este cambio, el canon se redefine como una herramienta de gobernanza hídrica vinculada al uso racional del recurso.
El universo alcanzado incluye industrias manufactureras, establecimientos agropecuarios, centrales energéticas, explotaciones mineras, desarrollos urbanísticos privados, grandes comercios y prestadoras del servicio. En estos casos, el recurso se utiliza en procesos económicos que implican extracción directa de cursos superficiales o perforaciones sobre acuíferos.
El canon por uso del recurso fue creado a fines de la década de 1990 con la sanción del Código de Aguas en la provincia. La normativa estableció que el aprovechamiento productivo de un bien hídrico público debía estar sujeto a una contraprestación económica, aunque su aplicación efectiva fue limitada durante años.
Recién en 2013, durante la gestión del exgobernador Daniel Scioli, se reglamentó el cobro a industrias y grandes usuarios, lo que generó debates con sectores empresariales por su impacto en costos y la metodología de cálculo, discusión que continúa en el plano técnico y político.