La UCR pone en duda la legalidad del decreto firmado por el gobernador bonaerense para cobrar los impuestos con la misma suba que en 2024.
Luego de que el gobierno bonaerense prorrogara el Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva 2024, un sector de la oposición puso en duda la legalidad de la medida que le permite al gobernador Axel Kicillof cobrar los impuestos con el mismo incremento que el año pasado.
El presidente del bloque de diputados de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, aseguró que el Decreto 3681/24, publicado el último viernes en el Boletín Oficial es de "dudosa legalidad" y remarcó que la suba de impuestos debe pasar sí o sí por la Legislatura bonaerense.
La agencia de recaudación ARBA cobrará en principio las mismas cuotas que el año pasado, pero mantendrá descuentos que no estaban vigentes en 2024.
"El artículo 2 del Decreto 3681/2024 es de dudosa legalidad. A nuestro criterio, no puede el Poder Ejecutivo prorrogar la Ley Fiscal porque se trata de una facultad propia del Poder Legislativo (arts 45 y 103 inc 1 CPBA). Legalidad y anualidad son dos principios que rigen las normas tributarias", advirtió el diputado Garciarena en su cuenta de X.
El legislador aseguró tajante que el Ejecutivo no puede prorrogar la norma fiscal del año pasado. "No hay impuestos sin ley" es una máxima que viene desde la revolución francesa. No puede el Ejecutivo emitir normas en materia tributaria en ningún caso. No puede el Poder Ejecutivo prorrogar la Ley Fiscal", cerró.
El oficialismo volverá a retomar este martes la negociación con los bloques opositores, entre ellos la UCR. Las autoridades del Senado y de Diputados, Verónica Magario y Alexis Guerrera, se reunirán ese día con los jefes de las bancadas de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. Por el Ejecutivo, los interlocutores serán el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; su par de Economía, Pablo López, y la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila. Estarán también los jefes de bloque de Unión por la Patria en cada cámara, el diputado Facundo Tignanelli y la senadora Teresa García.
El objetivo es retomar la discusión que se empantanó en la frustrada sesión del 27 de diciembre. A cambio de los votos para aprobar el endeudamiento -que requiere dos tercios-, la oposición pedía subir los recursos destinados a los 135 municipios y que el gobierno garantice los cargos que le corresponden a ese sector en organismos como el BAPRO, el Consejo General de Educación y la Procuración.
Kicillof primero ofreció subir a 160 mil millones de pesos -un 30% más que en 2024- y luego se estiró a 250 mil, lo que representaba el 10% del endeudamiento. También había accedido al pedido por los cargos. Sin embargo, todo volvió a fojas cero cuando pidieron sumar al reparto las sillas vacías en la Suprema Corte de Justicia.