Colegios privados que derivaron aportes al IPS en lugar de la ANSES recibieron intimaciones de ARCA. Podría haber una doble obligación de pago.
Cientos de colegios privados bonaerenses atraviesan un escenario de incertidumbre por el destino de los aportes previsionales de su personal nodocente. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a intimar a establecimientos que giraron fondos al Instituto de Previsión Social (IPS) provincial, mientras el conflicto por la competencia entre Nación y Provincia sigue pendiente de resolución judicial.
La controversia se originó a partir de una decisión de la Legislatura bonaerense que dispuso el traspaso del personal no docente de los colegios privados desde la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hacia el IPS. El sector comprende a empleados administrativos, personal de maestranza, auxiliares y docentes extraprogramáticos.
Sin embargo, la medida abrió un conflicto normativo entre la legislación nacional y la provincial. En ese escenario, algunos establecimientos comenzaron a derivar los aportes previsionales al organismo bonaerense, en lugar de ingresarlos al sistema nacional.
La situación escaló con la emisión de oficios y notificaciones formales de ARCA, que reclama el depósito de los fondos previsionales a través del Formulario 931. Además, existe un listado de establecimientos identificados por el organismo en situación de presunto incumplimiento.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), su secretario ejecutivo, Martín Zurita, ratificó la postura de "preferir no innovar" hasta que los tribunales superiores resuelvan la controversia.
Para explicar el conflicto, Zurita comparó la situación con un cambio de jurisdicción sobre una ruta: "Es como si hoy hay una ruta nacional y mañana la legislatura dice 'esta ruta ahora es provincial'". La comparación apunta a la incertidumbre que enfrentan las instituciones al tener que determinar qué régimen deben cumplir mientras no existe una resolución definitiva.
El conflicto se encuentra abierto en dos frentes judiciales. En la provincia de Buenos Aires, AIEPA presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para obtener una definición que otorgue certeza jurídica a los establecimientos educativos.
A nivel nacional, la ANSES, ARCA y el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el traspaso de los aportes y defender la competencia del sistema previsional federal.
Mientras se aguarda una definición, las instituciones advierten sobre el riesgo de tener que afrontar un doble pago: haber depositado las contribuciones en el IPS y, al mismo tiempo, quedar expuestas a reclamos y ejecuciones fiscales de los organismos nacionales.
Según AIEPA, la demora judicial profundiza las dificultades de planificación económica y administrativa de los colegios, que continúan sin una respuesta definitiva sobre el destino de los fondos.
La disputa también tiene consecuencias sobre las liquidaciones salariales y las cargas patronales. De acuerdo con los datos informados, el aporte personal de los trabajadores al IPS es del 16% de la remuneración, mientras que el descuento correspondiente a la ANSES es del 11%.
Esa diferencia incide directamente en el sueldo de bolsillo del personal no docente cuando se aplica la retención provincial. También existen diferencias entre los coeficientes de contribución patronal exigidos por los regímenes nacional y bonaerense.
Por eso, la falta de una definición no solo afecta a las instituciones, sino que también genera incertidumbre sobre los descuentos salariales y los costos que deben afrontar los empleadores.
En paralelo al conflicto previsional, las escuelas privadas bonaerenses avanzan con la actualización de sus aranceles, aunque las condiciones dependen de si reciben o no subvención estatal.
Los establecimientos que cuentan con aporte estatal necesitan autorización previa de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense para modificar el valor de las cuotas. Los ajustes se habilitan después de las negociaciones paritarias del sector docente.
En ese marco, AIEPA envió notas formales al Gobierno provincial luego de la oferta salarial para octubre y noviembre. Según las gestiones informadas por la entidad, se esperaba una autorización para actualizar los aranceles de octubre, noviembre y diciembre, en línea con el 6% de aumento escalonado propuesto por la Provincia.
En cambio, las escuelas que no reciben subvención estatal pueden ajustar sus cuotas según la evolución de sus propios costos y los incrementos de las paritarias docentes, sin requerir una autorización previa expresa del Gobierno bonaerense.
Así, los colegios privados enfrentan dos cuestiones que condicionan su funcionamiento: la incertidumbre sobre dónde deben ingresar los aportes previsionales y la necesidad de adecuar sus ingresos a los costos salariales y operativos.
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