Están procesados y detenidos por presuntas torturas y abusos sexuales. Mañana viernes audiencia clave en el fuero Penal de La Plata.
El fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata, requirió formalmente la prisión preventiva para los quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detenidos y acusados de presuntos abusos sexuales y torturas a internas de la Unidad 51 de Magdalena.
La medida fue presentada ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi en el marco de la causa en la que se investigan aberrantes hechos de torturas, abusos sexuales agravados e incumplimiento de los deberes de funcionario público que se habrían cometido en la unidad.
El pedido de prisión preventiva recae sobre ocho agentes femeninas y siete masculinos que cumplían funciones en la unidad o intervinieron durante los operativos: Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelen Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo y Gisela Mailín Iguarán.
También están procesados Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.
Este medio accedió a documentos judiciales de la investigación. Dos acusados se despegan de las imputaciones y dan sus versiones de lo denunciado en Magdalena.
Según la reconstrucción efectuada por la fiscalía, los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del miércoles 3 de junio de 2026. A raíz de una confrontación entre internas alojadas en la planta alta de la Unidad 51, el personal penitenciario desplegó un castigo sistemático y coordinado que excedió todo protocolo, aprovechando la situación de vulnerabilidad y la relación asimétrica de poder sobre las detenidas.
Tras ingresar a la celda N° 3 arrojando gas lacrimógeno a corta distancia, obligaron a las internas a quedar en ropa interior frente a efectivos masculinos. Posteriormente, aislaron a cuatro detenidas en distintos sectores de la planta baja, donde las sometieron a tormentos físicos y psíquicos.
Una de las internas fue trasladada a un sector de control penal, donde, según la investigación, fue inmovilizada, parcialmente desvestida y amenazada con sufrir una agresión sexual. Además, la obligaron a besar el calzado de una agente y permaneció atada de pies y manos durante varias horas, sin posibilidad de ir al baño. Otra detenida fue llevada al área de sanidad, donde habría recibido golpes en distintas partes del cuerpo, fue arrojada sobre un colchón impregnado con gas lacrimógeno y rociada con agua fría para intensificar sus efectos. También la habrían obligado a pedir perdón a los gritos y, ante sus reclamos, le colocaron una media en la boca para silenciarla.
Las otras dos internas fueron trasladadas a distintos sectores de la unidad y, de acuerdo con la fiscalía, también sufrieron agresiones físicas y abusos sexuales. Una de ellas habría sido inmovilizada sobre un colchón con gas lacrimógeno, golpeada y abusada sexualmente por un efectivo masculino, además de permanecer maniatada durante horas sin agua ni alimentos. La última fue llevada al sector de separación, donde habría sido desnudada, golpeada con puños, esposas y la culata de una escopeta y sometida a maniobras de asfixia mediante la inmersión de su cabeza en agua. Luego, siempre según la acusación, fue abusada sexualmente por cuatro agentes y expuesta al frío, mientras que al día siguiente la obligaron a limpiar el pabellón. Esa situación derivó posteriormente en un intento de suicidio.
El requerimiento del fiscal Álvaro Garganta se apoya en las actuaciones de la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. Sus equipos constataron lesiones, tomaron fotografías de los hematomas y recogieron testimonios de las víctimas durante las distintas instancias de traslado y atención.
También se incorporaron declaraciones de las internas y de agentes penitenciarios, además de videos, fotografías y audios registrados durante los hechos. La fiscalía detectó contradicciones con informes oficiales de la Unidad 51, que atribuyeron las lesiones a peleas, incendios o supuestos episodios de resistencia.
El expediente se encuentra ahora en manos del Juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien deberá resolver la situación procesal y definir el dictado de la prisión preventiva para los 15 imputados.
Este viernes se desarrollará una audiencia en el fuero Penal de La Plata en la que el magistrado garante tomará contacto con las partes, conocerá personalmente a los acusados y escuchará a la defensa antes de retirarse a deliberar y confeccionar su resolución. Tal como informó este medio en ediciones anteriores, las defensas impulsaron una serie de nulidades que aún no fueron resueltas.
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