La causa judicial por ABES Desarrolladora investiga presuntas maniobras de vaciamiento y transferencia de activos vinculadas a sociedades del grupo.
El conflicto judicial alrededor de ABES Desarrolladora de Negocios S.R.L. sumó nuevos elementos tras una denuncia que apunta a posibles maniobras de vaciamiento y transferencia de activos a sociedades vinculadas. La presentación cuestiona el rol de la administradora en el manejo del patrimonio del grupo.
La causa investigada en los tribunales de La Plata incorporó nuevas acusaciones que ponen el foco en la estructura societaria del grupo y en el destino de distintos bienes vinculados a emprendimientos inmobiliarios.
De acuerdo con documentación judicial presentada por particulares damnificados, la actual administradora, Lucrecia Soledad Villar Loos, habría mantenido bajo su control activos que originalmente estaban vinculados a desarrollos inmobiliarios financiados mediante fideicomisos, según surge en la denuncia.
Los denunciantes sostienen que, pese a presentarse públicamente como víctima de maniobras de exsocios de la firma, Villar Loos tendría participación directa en sociedades que concentran bienes provenientes de los proyectos impulsados por ABES.
Según la presentación judicial, Villar Loos sería titular del 98,41% del capital social de LAZZULI S.A. y, a través del Fideicomiso Testamentario "ROMEOPET", controlaría el 57% de ABES.
En la denuncia se señala que varias sociedades del grupo habrían funcionado como vehículos para concentrar activos inmobiliarios vinculados a los emprendimientos financiados por inversores.
Entre ellas figuran ENKI REAL ESTATE S.R.L. y LAZZULI S.A., compañías que, según la presentación, habrían recibido propiedades adquiridas con fondos provenientes de fideicomisos inmobiliarios administrados por ABES.
El documento también sostiene que estas firmas no registraban actividad económica propia capaz de justificar la adquisición de determinados inmuebles, lo que reforzaría la hipótesis de que los bienes fueron transferidos desde los proyectos inmobiliarios financiados por inversores.
En ese marco, el abogado Alberto Gustavo Rodríguez, representante de los particulares damnificados, solicitó que se notifique a Villar Loos sobre la formación de una causa penal en su contra conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
El planteo incluye además pedidos de medidas cautelares, entre ellas el embargo de rentas provenientes de inmuebles vinculados al grupo y la inhibición de bienes que habrían sido transferidos a terceros.
La investigación también apunta a determinar el funcionamiento del denominado "grupo económico ABES" y el circuito de sociedades que habrían participado en la administración de los fideicomisos inmobiliarios.
Mientras tanto, el conflicto continúa generando expectativa entre los inversores y compradores de distintos emprendimientos que aún esperan la finalización y entrega de unidades en edificios desarrollados por la firma en la ciudad de La Plata.
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