La mujer de La Plata pertenecía al Patronato de Liberados y está acusada de integrar una organización que habría usado billeteras virtuales para lavar dinero.
Una funcionaria del Patronato de Liberados fue detenida en La Plata en una causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos por $27.000 millones. La investigación apunta a una organización que habría utilizado datos de personas vulnerables y billeteras virtuales para ocultar el origen del dinero.
La detenida fue identificada con las iniciales Albertina Mangini y quedó imputada por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. También fueron detenidos un hombre en Mar del Plata y otro en Quilmes.
La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki y busca determinar el origen de los fondos y el rol de cada uno de los involucrados. Según publicó el diario El Día, fuentes judiciales indicaron que la organización habría movido unos $27.000 millones durante un año.
Tal como informó 0221.com.ar, la investigación tuvo un punto de inflexión el 16 de abril de 2026, cuando la fiscal solicitó múltiples órdenes de allanamiento con habilitación de día y hora. La medida fue avalada en el marco de una causa que ya acumulaba dos expedientes y una importante base probatoria construida a lo largo de meses de análisis técnico.
Según surge del requerimiento, la pesquisa debió atravesar una etapa inicial compleja: la "fragmentación de la información", producto de la utilización de identidades de terceros, cuentas virtuales y dispositivos móviles que dificultaban la trazabilidad.
Para superar ese obstáculo, el equipo de Lacki avanzó con: análisis de reportes bancarios, trazabilidad de direcciones IP, cruces de líneas telefónicas, desgrabaciones de intervenciones. Ese trabajo permitió reconstruir una hipótesis firme: la existencia de una estructura organizada que operó al menos entre fines de 2023 y agosto de 2024.
La hipótesis apunta a una modalidad conocida como “smurfing” o “pitufeo”, mediante la cual se fraccionan grandes sumas en múltiples operaciones para evitar controles. Según la investigación, captaban a personas vulnerables para utilizar sus datos y abrir cuentas en billeteras virtuales. A cambio, les ofrecían alrededor de $80.000. Esas cuentas funcionaban como “mulas” para recibir y transferir dinero.
Los fondos posteriormente habrían sido derivados a un casino online ilegal, donde se transformaban en supuestas ganancias de juego para dificultar el seguimiento del dinero. La Justicia continúa investigando a otras personas que podrían estar vinculadas a la organización y busca establecer el origen de los fondos y el alcance de la presunta estructura delictiva.
En el centro de la escena aparece una funcionaria judicial que se desempeñaba en el Patronato de Liberados y que, de acuerdo a la fiscalía, cumplía el rol de "captación" dentro de la organización. El expediente describe un patrón reiterado: la imputada ofrecía dinero -generalmente 80 mil pesos- a personas en situación de vulnerabilidad económica para que entregaran sus datos personales y biométricos.
Las víctimas eran citadas en un bar de la zona de 7 y 56, en pleno centro platense, donde operadores tomaban fotografías, escaneaban rostros y abrían cuentas digitales a su nombre sin pleno consentimiento.
El dato no es menor: la funcionaria habría utilizado su posición dentro del sistema judicial para acceder a personas bajo supervisión o en contextos de fragilidad social, lo que refuerza la hipótesis de abuso de función pública.
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