En una votación dividida, la Cámara Federal porteña resolvió este martes anular todos los procesamientos que se habían dictado en la causa conocida como "mesa judicial bonaerense", también conocida como la "Gestapo antisindical" por la frase que el entonces ministro de Trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, lanzó frente a funcionarios, legisladores y empresarios de La Plata sobre su supuesta intención de perseguir a líderes gremiales.
El fallo planteó que hubo una "deficiente" valoración de la prueba, sostuvo que son "difusas y debatibles" las conclusiones sobre la reunión filmada y advirtió que aquel encuentro "pudo haber tenido una finalidad distinta" a la de la persecución política a líderes sindicales, como se estableció inicialmente.
Los magistrados indicaron en su fundamentación que no se demostró que hubo inteligencia ilegal y frente a ello odenaron profundizar la investigación. "Nos encontramos entonces en condiciones de volver a afirmar que la resolución es inválida (...) Se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa no solo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso", sostuvieron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, según publicó Infobae.
En minoría, el juez Eduardo Farah hizo un largo repaso de las pruebas y votó por convalidar los procesamientos. “Creo importante dejar subrayada desde aquí una premisa -por demás básica- que guiará todo mi análisis: ninguna intención, por más legítima y genuina que sea, puede justificar la violación de normas constitucionales y legales y la desnaturalización de funciones públicas como las que han sido probadas” subrayó el juez.
EL CASO
El caso se inició a partir del hallazgo de un video en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que correspondía a una reunión celebrada en la sede porteña del Banco Provincia el 12 de junio de 2017, en la que se destacaba por su rol el entonces ministro Villegas.
En aquella reunión se habló, según consta en los registros, de cómo hacer para lograr la detención del líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, y de qué acciones desarrollar para provocar la reacción del sindicalista, con ese objetivo.
En ese marco es que habían sido procesados dos exfuncionarios del gobierno de Vidal (el exministro Villegas y el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi), el intendente de La Plata, Julio Garro; y el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, además de los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stefano, Darío Biorci (exjefe de Gabinete) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia).
El paso de la causa a Comodoro Py había sido ordenado por los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, quienes sostuvieron que debía tramitar junto con el expediente que tiene bajo análisis el espionaje ilegal realizado por agentes de la AFI. En aquel fallo, los camaristas sostuvieron que existen cuestiones de "conexidad" que fundamentarían que ambos expedientes tramiten juntos en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tal como había reclamado la defensa de uno de los investigados al pedir que dejara de intervenir en el caso el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.
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