Mientras quedan pocos días para que se cumplan nueve meses del atentado contra Cristina Kirchner, la fiscalía repasó las pruebas recolectadas en el expediente y pidió mandar a juicio oral a los detenidos: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y el jefe de los “copitos” Nicolás Carrizo.
En su dictamen, el fiscal Carlos Rívolo sostuvo que “la prueba reunida durante la instrucción ha permitido comprobar que la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación”.
Tal como lo exhiben los videos que tomaron los propios simpatizantes de CFK, “aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la Vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click”, afirmó el fiscal.
El tiro no salió, pero el arma estaba apta para disparar. “Imaginate los nervios. Tiré del gatillo y el tiro no salió”, le diría el atacante hace unos meses al canal C5N, pese a que en la causa se negó a declarar y solo habló para intentar despegar a Brenda. El arma que llevaba Sabag no la vio Cristina ni tampoco sus custodios. Solo notaron un tumulto. Fueron los los militantes kirchneristas los que detuvieron a Sabag Montiel para que no se escapara. Desde entonces, el joven está preso. Cuatro días después fue atrapada su pareja, que logró escapar disimuladamente del lugar.
Lo que estableció el fiscal es que no se encontraron pruebas que demuestren que el grupo tuvo una “financiación” para llevar adelante el intento de homicidio. El estado patrimonial de los tres arrestados lo demuestra. La que más dinero percibía era Brenda publicando contenido hot. Ni siquiera tuvieron que comprar la pistola Bersa con la que Sabag Montiel gatilló sin que la bala saliera. El arma era propiedad de un conocido con el que había convivido y que ya se murió. No está claro si se la compró o se la quedó.
El pedido de la fiscalía para mandar este tramo de la causa a juicio no implica cerrar la instrucción. Mientras en un debate oral se dirima la responsabilidad del trío arrestado, el fiscal, que tiene delegada la pesquisa, seguirá analizando otras puntas, desde la hipótesis de los autores intelectuales hasta el rol de la custodia vicepresidencia, señalaron fuentes judiciales.
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