El exjuez del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires Martín Ordoqui quiere recuperar su libertad. Tras su destitución en septiembre pasado fue detenido en el marco de una megacausa en la que están implicados abogados, financistas y un presunto usurpador de tierras condenado en primera instancia. Su abogado defensor Alejandro Montone presentó un habeas corpus ante el juzgado de Garantías en el que detalla que desde el 22 de septiembre último (cuando el acusado fue indagado) el expediente no registra movimiento y desde la fiscalía dictaminaron la ampliación del plazo para terminar la etapa de instrucción.
En el documento judicial al que accedió 0221.com.ar el letrado defensor expresó que ya “han transcurrido siete largos meses” sin que la fiscalía “produjera o intentara producir una sola prueba” y resaltó que desde la acusación alegaron que “el tiempo de instrucción ha resultado insuficiente para agregar los elementos que esta Fiscalía amerita necesarios para esclarecer el hecho, y en virtud de hallarse pendientes de producción diligencias de interés al esclarecimiento y completitud de la investigación” dispuso la prórroga del plazo para la instrucción.
Para el abogado Montone “el tiempo de la instrucción no ha resultado insuficiente, sino antes bien, no ha sido utilizado para agregar los elementos supuestamente necesarios para esclarecer el suceso, que dicho sea de paso, no se dignó en mencionar” al tiempo que “tampoco individualizó que diligencias de interés al esclarecimiento y completitud de la investigación se hallan pendientes”.
Para esa parte la prórroga del plazo de investigación resulta para este caso “arbitraria e ilegal” a la luz del “artículo 171 de la Constitución provincial” que “proclama la necesidad de que los pronunciamientos se encuentren debidamente motivados, lo cual constituye una garantía esencial para el justiciable en cuanto le permite comprobar si la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad”.
“(…) nos encontramos ante un despilfarro de tiempo que prolonga innecesariamente la prisión preventiva de Martín Ordoqui, lo cual le produce un serio agravamiento de sus condiciones de detención, pues más prisión preventiva, solo y exclusivamente por ocurrencia de la Fiscal”, disparó el defensor que alertó: “A no dudarlo, se patentiza en el caso una deliberada violación a la garantía constitucional que tiene todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones”.
Sobre el cierre del documento también solicita que si los plazos de investigación están vencidos requiera al Fiscal General de La Plata la sustitución de la fiscalía a cargo y que el vencimiento del plazo sea comunicado a la Procuración General, tal como lo establece el artículo 283 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
El juez Guillermo Atencio, titular del Juzgado de Garantías 1 de La Plata, le dio traslado a la Unidad Funcional de Instrucción 2 de La Plata, a cargo de Betina Lacki, para determinar si hubo atraso en la administración de justicia.
Ordoqui fue destituido en pasado 5 de septiembre luego de un juicio político desarrollado en el edificio Anexo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Esa misma tarde fue detenido en su vivienda de la localidad de City Bell y puesto a disposición de autoridades judiciales. Una comitiva policial llegó hasta su casa con una orden de allanamiento y detención.
Con su destitución consumada, la fiscal sorteó la última barrera (se quedó sin fueros) que tenía para indagarlo y detenerlo como ocurrió con el resto de los acusados, entre ellos, su exsecretaria, Eugenia Mercado, que está en arresto domiciliario en la localidad de Gómez, partido de Brandsen.
Ordoqui, quien también fue directivo en el club Estudiantes de La Plata, está acusado de integrar una asociación ilícita para dictar resoluciones en favor de personas privadas de su libertad a cambio de fuertes sumas de dinero. Según la investigación la banda la completaban su secretaria Mercado, los abogados Ricardo y Julián Ducid, Alejandro Timorín y Enrique "Quique" Petrullo, condenado en otra causa a 4 años de prisión por tráfico de influencias.
Se sospecha que el exjuez Ordoqui dictó arrestos domiciliarios para Ariel Heine (quien fue condenado a 14 años de prisión) y al platense Javier Ronco, condenado por un doble homicidio en La Plata y por integrar una megabanda criminal que contaba con protección policial y judicial.
