La polémica por la morosidad en la resolución de las causas penales y los plazos judiciales vuelven a salir a escena en el marco de una causa en la que uno de los acusados puede llegar a juicio con ocho años de prisión preventiva, es decir, estará 8 años detenido sin siquiera un veredicto de primera instancia.
Héctor Ariel Martínez está involucrado en un caso de homicidio agravado por el uso de arma de fuego por un hecho ocurrido en La Plata. Fue detenido en 20 de mayo de 2018, pero tiene fecha de juicio oral para el año 2026. Será juzgado mediante el mecanismo de juicio por jurados que fue solicitado por la defensa. El sospechoso es asistido por el letrado Ricardo Callabá quien requirió una audiencia ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) V de La Plata en la que solicitará la "excarcelación por exceso de plazo razonable de la prisión preventiva", según confirmó el profesional a 0221.com.ar.
"Queremos ir a juicio ya porque Martínez es ajeno al crimen, estamos seguro de su inocencia, pero no podemos seguir esperando tres años más para el debate, por eso pedimos la audiencia en la que solicitaremos que llegue a juicio en libertad", agregó el letrado.
Por este hecho hay otro acusado. Se trata de Cayetano Nahuel Muiño quien es asistido por una abogada particular. "El juicio se iba a realizar este año, por un problema de la defensa del coimputado se suspendió y fue reprogramado, pero recién para 2026", detalló Callabá.
Ante este panorama la audiencia impulsada por la defensa de Martínez se realizará el martes 2 de mayo en la sede del TOC V.
Antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus los casos tardaban no menos de 3 años en llegar a juicio oral, ese era el tiempo mínimo. Luego de casi 2 años de una fuerte reducción del volumen de gestión a causa de la pandemia las agendas de la magistratura volvieron a agravarse en relación a las demoras en llegar a un veredicto y eventual sentencia de primera instancia. Las causas son múltiples, pero se pueden enumerar como urgentes a solucionar la designación de magistrados (jueces, fiscales, defensores) en cargos vacantes por jubilación, la creación de nuevos tribunales orales. Esta tarea corresponde a los poderes Ejecutivos y Legislativo de la provincia de Buenos Aires.
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