sábado 07 de septiembre de 2024

Vecinos pelean con militantes de Grabois por 140 hectáreas donadas para huerta y viviendas

El predio fue cedido por el gobierno nacional para viviendas y huerta agroecológica. En la zona hablan de ocupación ilegal. Repudio del PRO.

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La cesión de 140 hectáreas por parte del gobierno nacional al Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), que conduce Juan Grabois, para un desarrollo de viviendas en Mar del Plata generó momentos de extrema tensión con vecinos de la zona donde está ubicado el predio, que lo califican de ocupación ilegal. El intendente Guillermo Montenegro, el expresidente Mauricio Macri y el diputado nacional Diego Santilli, entre otros dirigentes del PRO, repudiaron la medida.

El predio en conflicto está ubicado en el Barrio El Marquesado, en Chapadmalal y fue cedido al Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) que conduce Grabois  En ese lugar se presentaron este sábado personas con remeras con la leyenda “Tierra, Techo y Trabajo” y de la UTEP, acompañados por Gabriela Carpinetti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, del ministerio de Justicia de la Nación.

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La intención era tomar posesión del predio, donde la UTEP tiene previsto desarrollar un proyecto que incluye la construcción de viviendas combinado la creación de huertas orgánicas y cría de ganado. Pero se encontraron con una fuerte resistencia de los vecinos, lo que generó escenas de tensión y obligó a la intervención de la policía. La protesta llegó incluso a cortar por momentos la Ruta 11.

El campo, cedido temporalmente por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), iba a ser objeto de una “ceremonia” de apropiación por parte de los militantes, porque se espera que las actividades comiencen formalmente allí en unos 180 días. “Vinimos a hacer una ceremonia en las tierras con todos los compañeros porque tenemos que tomar la posesión. Por encargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ahora somos custodio del lugar”, le dijo uno de los militantes al medio local 0223.

Los vecinos, sin embargo, se oponen duramente al proyecto y aseguran que se trata de una ocupación ilegal de tierras. El intendente Guillermo Montenegro salió en defensa de los vecinos y aseguró que lo que ocurre en “El Marquesado” es “de extrema gravedad” y que presentará una acción judicial para detener el proyecto. “Mientras los marplatenses trabajan todos los días con esfuerzo para progresar y hacer crecer a la ciudad, otros proponen regalar tierras, con fines político partidarios, haciendo las cosas como no se debe y de forma totalmente ilegítima”, indicó a través de sus redes sociales.

Montenegro aseguró estar “en contacto con los vecinos”, como así también “trabajando con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia” con el objetivo de “frenar estas acciones que no avalamos de ninguna manera”.  “Siempre voy a defender a los que laburan y se rompen el lomo. Fuera de la ley, nada”, completó.

El expresidente Mauricio Macri también se pronunció en contra del proyecto y expresó su “repudio total a la situación de El Marquesado, donde el movimiento de Grabois intenta una vez más usurpar tierras con la complicidad del gobierno, la ilegalidad y el patoterismo que los caracteriza”, según posteó en Twitter.

En la misma línea, el diputado nacional Diego Santilli sostuvo que “el Gobierno entrega tierras nacionales a sus amigos como si fueran caramelos” y agregó: “Como siempre, no les importa lo que viven los vecinos del lugar. Lo que está pasando en El Marquesado es preocupante".

El senador provincial marplatense Alejandro Rabinovich también se sumó a las críticas. “Esta vez fueron por el camino del atropello: faltando meses para irse del gobierno, el kirchnerismo pretende darles las tierras de El Marquesado a Grabois. Lo que no lograron con la ilegalidad de las tomas, ahora lo intentan hacer a través del gobierno nacional entregando terrenos”, afirmó.

La directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti, en tanto, cruzó a los dirigentes de Juntos y aseguró que se llegó a un entendimiento con los vecinos. Explicó que "el Estado Nacional, en absoluta legalidad y ejercicio de su autoridad, cumpliendo con todo marco normativo, otorgó la custodia de un campo que es propiedad del Estado y está en desuso hace décadas, para el desarrollo de una colonia agroecológica". Y agregó que el proyecto "promueve nuevas formas de producir, cuidando el ambiente y la salud, mejorando las condiciones de trabajo de los pequeños productores y generando alimentos sanos y a precios justos para los vecinos de General Pueyrredón, especialmente comedores y merenderos".

"Desde Acceso a la Justicia estuvimos explicando a los vecinos el proyecto para transmitir tranquilidad y llegamos a buen entendimiento. Las partes se comprometieron a trabajar conjuntamente, a diferencia de lo que difunden los voceros opositores del odio y la desinformación", señaló a través de un hilo de Twitter.

EL PROYECTO

El campo cedido por la AABE está ubicado frente a playa Escondida y linda con el barrio El Marquesado. En esas 140 hectáreas, la organización busca plasmar un modelo de producción agroecológica sustentable, sin uso de agrotóxicos, para reflotar el “proyecto histórico” que se había planificado con el desarrollo de la construcción del complejo turístico de Chapadmalal.

La agrupación social tiene previsto iniciar a la brevedad los estudios de suelo correspondientes para determinar la viabilidad y las dimensiones del proyecto. Para ello, cuenta con el acompañamiento técnico de expertos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), la ONG Soporte y otros organismos públicos vinculados con la producción de alimentos.

La organización social también aspira a lograr el traslado de varias familias para que se instalen definitivamente en las huertas comunitarias y se promueva cierta urbanización, con la llegada de viviendas, escuelas y salitas de salud, algo que genera rechazo en algunos vecinos por el impacto ambiental negativo que tendría para la zona, que casi no dispone de servicios básicos ni infraestructura.

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