El presidente Alberto Fernández busca acelerar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia y motorizará la próxima semana la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados para la segunda quincena de este mes.
El pedido de juicio político alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.
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La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, adelantó en su conferencia del jueves que la convocatoria a sesiones extraordinarias saldrá en los próximos días y que la solicitud de juicio político "será parte del temario".
Esta semana, el jefe de Estado se reunió con Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) y con la diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político. Fernández les hizo entrega del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsó junto a los citados gobernadores, y les solicitó que inicien "su pronto tratamiento legislativo".
La iniciativa que impulsa este proceso de remoción abordará dos cuestiones y la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24937.
Otra cuestión a analizar es la medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En ese caso, la funcionaria evaluó que el máximo tribunal "violó la división poderes" al tratarse de un tema "que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias". "Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional", indició el Presidente al anunciar el primer día de este año su decisión de iniciar el juicio político.
Sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado indicó que su deber era "promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica".
El Presidente basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados "ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones".
Fernández contó con el apoyo de 11 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).