El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa (18) contó con una enorme cantidad de testigos y quince audiencias cargadas de elementos probatorios, en las que se desarrolló el debate oral que juzga a los ocho rugbiers por el homicidio del joven ocurrido en Villa Gesell en 2020.
El lunes 6 de febrero finalmente se conocerá si el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condena a los acusados y, de hacerlo, se sabrá la pena que recibirán. En este sentido Fabián Améndola, uno de los abogados que representa a los padres del joven fallecido, aseguró en diálogo con el canal Todo Noticias que esperan una condena a perpetua para todos los imputados y que, en caso no de ser así, acudirán a las instancias superiores de la Justicia.
Son los datos del Sistema de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023, semanas antes de la asunción de La Libertad Avanza.
Tanto la fiscalía como los letrados que representan a los padres de la víctima pidieron que los imputados sean condenados a perpetua. Ninguna de las dos partes sugirió una pena menor, ya que entienden que los acusados formaron parte de un plan criminal en el que planearon emboscar y matar a Fernando a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.
Pero en sus alegatos, el defensor Hugo Tomei planteó una salida distinta para sus clientes y sugirió que todos los rugbiers deberían ser absueltos. Según dijo, este pedido tiene que ver con cuestión totalmente técnica. “Lo que ayer nos pasó (por los alegatos de la fiscalía y el particular damnificado) es escuchar cosas que no están incluidas en la acusación. Desde ese lugar, voy a pedir la absolución de los imputados. Ese hecho no está probado”, sostuvo y explicó que "se prueba lo que se imputa. Pero se imputó otra cosa distinta de lo que se alegó ayer. La imputación inicial habla de cinco sujetos en la golpiza, pero en cambio los alegatos (de la fiscalía y los abogados Burlando y Améndola), de los ocho”.
El defensor aceptó una posible sentencia orientada hacia un homicidio preterintencional (que tiene una pena de prisión que va de tres a seis años) o en su defecto un homicidio simple con dolo eventual, con una pena que va desde los 8 hasta los 25 años de prisión. Según comentó Améndola, del equipo de abogados de la querella, "obviamente tenemos una gran expectativa de que se condene a los 8 a la pena de prisión perpetua. Si alguno no resultara con esa pena, iríamos a las instancias superiores a reclamar un fallo adecuado a los hechos y a la responsabilidad que tuvo cada uno".
De sentar un veredicto distinto, los letrados podrán apelar, en el siguiente orde, al Tribunal de Casación, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y finalmente la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.