sábado 23 de marzo de 2024

Piden informes por el cumplimiento del cupo trans en el Concejo Deliberante

El bloque del Frente de Todos pidió explicaciones al presidente del cuerpo, Darío Ganduglia, y también al intendente Julio Garro.

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El bloque de concejales del Frente de Todos presentó en la sesión del jueves un pedido de informes para que las autoridades del Concejo Deliberante expliquen si se está cumpliendo o no el cupo laboral trans en el cuerpo y también en el Municipio.

El proyecto de resolución, firmado por el concejal Juan Manuel Granillo Fernández y sus compañeros de bloque Ana Negrete, Yanina Lamberti, Luis Arias, Sabrina Bastida y Cintia Mansilla, reclama información sobre el cumplimiento del Concejo y de la Municipalidad a la ley provincial 14.783 Diana Sacayán.

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La ley Diana Sacayán se encuentra vigente en la provincia desde 2015 y establece que "se debe ocupar al menos el 1% de la totalidad del personal a personas travestis, transexuales y transgénero". 

Puntualmente, los ediles piden saber si se abrió la convocatoria tanto en el Concejo como en el Ejecutivo para incorporar a travestis, transexuales y transgénero y, en caso de que no sea así o de que todavía no se cumpla el cupo, "que se arbitren los medios para garantizar la convocatoria". En el caso del Municipio, los ediles también piden saber también el número de la planta total permanente, temporaria, transitoria y contratados. 

En los fundamentos del proyecto, el bloque del FdT explica que el colectivo travesti-trans "es un constante postergado en el acceso a derechos en general y al trabajo en particular" y explica que "tienen dificultades para poder finalizar sus estudios y, aún más para poder acceder a un trabajo".

Agregan que las alternativas laborales son muy acotadas y que el Estado justamente debe cumplir con la ley para garantizar que se cumplen sus derechos como el cupo laboral dispuesto por la ley. "Sus alternativas laborales son escasas, precarias y vulnerables. El círculo se retroalimenta constantemente volviéndose imperante un Estado presente para garantizar el acceso a condiciones laborales dignas", sostienen y consideran que "a poco de cumplirse siete años de la ley, hay pasado un tiempo más que prudencial para el efectivo cumplimiento de lo que dispone".

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