Un pedido de destitución de su cargo como juez de Casación de la provincia de Buenos Aires recayó sobre Martín Manuel Ordoqui, acusado de graves delitos como asociación ilícita, exacciones ilegales, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros tipos penales. La solicitud fue impulsada por el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand. Por su parte, la defensa rechazó todos los cargos, atacó cada una de las imputaciones y pruebas de cargo para solicitar la absolución. La lectura del veredicto será el lunes 5 de septiembre a las 12.
En su puntilloso y aplomado alegato el jefe de los fiscales bonaerenses hizo un pormenorizado detalle de cada una de las acusaciones con sus correspondientes pruebas de cargo. Dejó en claro que se trata de un juicio político y puso en valor el trabajo de la fiscal platense Betina Lacki como la declaración de Lidia Pernas, la primera imputada colaboradora en la historia de la justicia Penal de La Plata.
Para Conte-Grand existe un “plexo probatorio sólido y contundente” que no puede ser contrastado con los “esfuerzos dialécticos extrovertidos” que “carecen de entidad”. Para el funcionario debe existir “urgencia” en la destitución.
Ordoqui está acusado de integrar una asociación ilícita para dictar resoluciones en favor de personas privadas de su libertad a cambio de fuertes sumas de dinero. La banda la completaban su secretaria Eugenia Mercado, los abogados Ricardo y Julián Ducid, Alejandro Timorín y el lobista Enrique “Quique” Petrullo.
Se sospecha que el juez dictó arrestos domiciliarios para Ariel Heine (quien luego fue condenado a 14 años de prisión) y al platense Javier Ronco, acusado de un doble homicidio en La Plata y de ser integrante de una megabanda criminal que contaba con protección policial y judicial.
El alegato de la defensa se dividió en dos tramos. En el primero de ellos el abogado Alejandro Montone pidió al jurado que sean prudentes al momento de analizar las escuchas telefónicas y sus transcripciones. “Según quien las lea se puede llegar a distintas conclusiones”. Para el letrado esos audios no prueban nada porque carecen de un medio independiente de prueba que las avalen.
Además señaló que la mayoría de esos audios fueron encontrados en un pendrive secuestrado en allanamientos a propiedades de Ronco que no cuentan con fecha ni hora y que pueden estar editados.
Luego de desplegar una batería de argumentos, Montone concluyó que no existió un patrón de conducta delictiva en su asistido, quien “no ha cometido delito alguno ni desempeñó mal su cargo”.
El segundo tramo estuvo a cargo del propio Ordoqui quien asumió su defensa en causa propia e hizo foco en la declaración de la arrepentida Perna, a quien acusó de manipular a su exempleador Heine, a quien “le mentía agrandando las cosas”.
Varios testigos señalaron durante el jury que la mujer iba seguido a visitar al juez a su despacho mientras se tramitaba el habeas corpus de Heine que lo depositó en arresto domiciliario. “Perna era un perro de presa que corría detrás del expediente”, graficó el magistrado en alegato propio y recordó que esa resolución luego fue ratificada por la Suprema Corte bonaerense.
Ordoqui consideró que es ilegal la aplicación de la figura del arrepentido en la provincia de Buenos Aires porque la Legislatura no adhirió a esa polémica ley nacional. “Perna empezó a hablar de regalos desde que ella tuvo la oportunidad de recuperar la libertad”, subrayó, para luego recordar que en el testimonio de su marido (quien también estuvo detenido) sostuvo que tras la declaración de la mujer como arrepentida “hicieron un paquete”, recuperaron la libertad y hasta le levantaron la orden de captura a una de sus hijas.
“Perna no me regaló nada” aseveró en relación los regalos que la testigo dijo haber entregado durante la tramitación del habeas corpus de Heine. Ordoqui se mostró arrepentido de ir a visitarlo a la Unidad 9 de La Plata donde estaba detenido.
“Es la primera vez que hablo, muchas gracias por su tiempo”, cerró su alegato.
El jurado es presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan e integrado por los abogados Juan Emilio Spinelli, Diego Paulo Isabella, Ricardo Farris, Hugo Galderisi y Fulvio Santarelli. Completan el cuerpo los conjueces legisladores Daniel Lipovetzky, Abigail Gómez y María Eugenia Brizzi en representación de la Cámara de Diputados, mientras que el Senado es representado por Nidia Moirano y Gabriela Demaría.
En caso de ser desplazado su cargo, Ordoqui perderá los fueros como magistrado y la fiscal Lacki estará en condiciones de indagarlo. Un escenario posible es que sea detenido como ocurrió con el resto de los acusados.
