El Gobierno nacional emitió un comunicado para manifestar su respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que el fiscal federal Diego Luciani pidiera que sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa denominada Vialidad.
“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, indicaron en el texto.
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Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK
— Alberto Fernández (@alferdez) August 22, 2022
En otro pasaje del comunicado, desde el oficialismo recordaron que “el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”.
Desde el Gobierno nacional argumentaron que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.
Y manifestaron: “El Gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas. Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
En ese marco, el presidente Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para señalar que, desde lo personal, “hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas” y vuelve a transmitir su más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta.
En las últimas horas, dirigentes de los distintos sectores del oficialismo salieron a expresar públicamente su respaldo a Cristina Kirchner. La lista incluye a más de 500 intendentes del interior, gobernadores, La Cámpora, los bloques de senadores y de diputados del Frente de Todos e integrantes del Gabinete nacional alineados con el Presidente, como el canciller Santiago Cafiero y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.
La Fiscalía encabezada por Diego Luciani pidió inhabilitación especial perpetua para Cristina Kirchner y una condena de 12 años de prisión en el marco de la Causa Vialidad.
El letrado sostuvo el pedido en el marco del final de su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Tras el final de su alegato, el fiscal solicitó el decomiso de una cifra equivalente a mil millones de dólares y pidió la condena tras considerar que la ex mandataria fue la "jefa de la asociación ilícita" a la que se acusa, además, de haber cometido el delito de administración fraudulenta en contra de la administración pública.
Luciani también acusó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al execretario de Obras Públicas José López y al extitular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una de pena 10 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, pidió una condena de 12 años para el empresario Lázaro Báez.
En las primeras horas del lunes, la vicepresidenta informó a través de sus redes sociales que solicitó la ampliación su declaración indagatoria para la audiencia de este martes 23 de agosto. “Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello, he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, explicó.
Pasadas las 18, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de Kirchner de declarar en indagatoria del martes y el juicio se reanudará el próximo 5 de septiembre.