El pedido de juicio oral que pesaba sobre el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli y varios exfuncionarios provinciales quedó momentáneamente sin efecto luego de que el Juez de Garantías Agustín Crispo dictara la nulidad de la requisitoria que había sido solicitada por el fiscal Álvaro Garganta en el marco de la causa abierta tras la denuncia de la exdiputada nacional Elisa Carrió, quien sostuvo en su presentación inicial que todas las reparticiones oficiales (investigadas y por investigar) fueron cajas de financiamiento del sciolismo y del kirchnerismo entre los años 2008 y 2015.
En la resolución de 203 fojas a la que accedió 0221.com.ar el juez, tras analizar todo el voluminoso expediente, concluyó que “no se dijo el cómo, si se dijo el cómo, habría sólo someras referencias de quién, y si se dijo quién y cómo, hay ausencia de una derivación lógica y razonada apoyada en elementos probatorios que habiliten su estudio, particularidades que revelan un todo conformado por compartimentos estancos, sin contar con la debida vinculación en que debe erigirse una pretensión como la aquí en consideración”.
“De esta manera, la citación a juicio en cuestión se torna –por momentos– conjetural, apartándose de la verdadera ocurrencia de hechos con relevancia jurídico penal comprobados con la probabilidad que exige esta etapa intermedia y puestos en cabeza de quien el representante del Ministerio Público Fiscal considere culpables”, destacó el magistrado.
Tras esta resolución la causa fue devuelta a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata. Uno de los escenarios posibles es que el fiscal realice un nuevo requerimiento de juicio.
Junto a Scioli fueron procesados el ex ministro de salud Alejandro Collia, el empresario Ricardo Estanislao Miller (alias “El Petiso” o el “Lázaro Báez de Scioli) y otros funcionarios menores por “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En esta causa se investigó el presunto pago de sobreprecios y sobornos en la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPA) en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Para ello habrían contratado a la empresa de Miller, quien, se sospecha, entregaba a Scioli dinero devengado del sobreprecio de las obras.
Las defensas sostuvieron que todas las licitaciones fueron aprobadas por los organismos de controles previos y posteriores a los pagos como por ejemplo, Fiscalía de Estado, a cargo del radical Hernán Gómez.
DESPRENDIMIENTOS
En el alcance número 1 se investigó el manejo de fondos en la empresa de servicios de agua potable y cloacas ABSA, por la que fueron procesados Guillermo René Scarcella (ex Presidente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima) y el funcionario Pablo Damián Elías.
Fueron acusados por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (22 hechos en concurso real) e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En el alcance número 4 del expediente se indagó sobre el manejo de fondos en IOMA, la obra social de los bonaerenses. Al tope de la lista de acusados se anota el ex titular mutualista Antonio Atilio La Scaleia, junto a 19 funcionarios y presuntos empleados infieles, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de administración pública (78 casos que concursan realmente entre sí), uso de documento público falso (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con asociación ilícita”. En este tramo de la pesquisa, se indagó sobre presuntos fraudes con internaciones domiciliarias.
A todo esto también están en la mira judicial el ex jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y su ex subsecretario administrativo Walter Carbone (el dueño de la caja fuerte en forma de dragón), quienes, junto a otros cinco ex funcionarios, están procesados por “peculado en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En este legajo se investigó el desvío de fondos destinados a la compra de material escolar sobre el cuidado del medio ambiente, que finalmente fueron utilizados para la impresión de boletas “Scioli Presidente” para las elecciones de 2015 que perdió en segunda vuelta ante Mauricio Macri. También el uso de facturas apócrifas por servicios de catering nunca realizados.
En la misma causa fueron procesados el exministro de Desarrollo Social Eduardo Aparicio y el empresario Daniel Roberts (oriundo de La Plata) por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En este caso se investigó la millonaria entrega de subsidios a cooperativas presuntamente inexistentes.
La trama obra pública es el alcance 6 de la investigación, en la que tiene procesados a Gladys Perez Ferrando, Gabriel Pérez de Vargas, César Marcos, Paula Kammeraht, Carolina De Tomasso, Daniel Soncini, Juan Carlos Mancinelli, Marcelo Cristian Beneyte y Pablo Adrián Fontanari, por los delitos de “negociación incompatible con el ejercicio de la función pública (19 hechos en concurso real) en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público (19 hecho en concurso real)”.
Pero la investigación no se agota en las dependencias gubernamentales ya mencionadas. Quedan pendientes otras áreas como Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Puerto La Plata y Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Las defensa estuvieron a cargo de los abogados Juan Di Nardo, Flavio Gliemmo, Julio Beley Héctor Granillo Fernández, Alfredo Gascón, Miguel Molina, Leandro Brizuela, Gonzalo Díaz Cantón, Héctor Aníbal Zamora, Adrián Rodríguez Antinao, Amilcar Humberto Rubio, Javier Percow, Damián Barbosa, Carlos Mazei, Alejandro Morreale y Guillermo Acuña Anzorena.
