sábado 06 de diciembre de 2025

Pidieron pena máxima a los acusados por el crimen del subcomisario que viajaba en el Roca

El fiscal y abogadas de la familia de Jorge Gutiérrez solicitaron reclusión y prisión perpetua por un hecho de 1994 por el que fue condenado el Estado nacional

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Un pedido de reclusión perpetua (la máxima y más gravosa pena del Código Penal argentino) recayó sobre Alejandro Daniel “Chiquito” Santillán y Francisco Severo Mostajo (alias “El Colorado”) acusados de ser los coautores materiales del crimen del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, cuyo cadáver fue encontrado en la estación de trenes de La Plata. El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de agosto de 1994 cuando el oficial (hermano del sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica Francisco “Barba” Gutiérrez) se encontraba investigando un depósito clandestino que funcionaba como aduana paralela con presuntas conexiones con el narcotráfico.

El fiscal de juicio Martín Chiorazzi dio por probado en el juicio (en base al relato de testigos y pruebas documentales) que Santillán fue el autor del disparo, por la espalda, a traición, mientras Mostajo distraía a la víctima. Para el funcionario judicial se trató de un homicidio alevoso (actuar sobre seguro sin posibilidad de defensa para la víctima).

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Como agravantes de la pena valoró la extensión del daño causado a la familia de la víctima que hace 28 años reclama justicia y llevó el caso a estrados internacionales que terminaron en una condena para el Estado nacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También el fiscal señaló la pluralidad de sujetos intervinientes para asegurar el resultado y que la ejecución fue de noche, en un transporte público, lo que facilitó la huida de los criminales. En relación a Santillán también le computó como agravante su condición de personal policial de la Federal. Sobre el cierre de su exposición requirió a los jueces que en la sentencia ordenan la inmediata detención de los procesados que llegaron a juicio en libertad.

A su turno las abogadas de la familia Gutiérrez adhirieron al planteo de la fiscalía de juicio, hicieron un alegato propio de la parte y solicitaron una condena a prisión perpetua para ambos acusados como su inmediata detención.

El cierre de los alegatos de la parte acusadora se coronó con un aplauso cerrado del público que presenció la audiencia. La ponderación sonora fue encabezada por el dirigente gremial hermano de la víctima.

Durante todo el juicio los acusados se mantuvieron ocultos en una oficina lindera a la sala de audiencias. Querían evitar que los testigos los reconocieran, pero no lograron gambetear la memoria de testigos, policías y de hasta el primero de los jueces del caso, Guillermo Atencio, quien en su declaración fue contundente y complicó a Mostajo y Santillán.

Se trata del segundo juicio oral del caso. En el primero Santillán resultó absuelto, pero el fiscal Chiorazzi, cuando tomó la causa en sus manos, llegó hasta Casación provincial donde una sala decretó la nulidad del debate y ordenó que se realizara uno nuevo, que es el que concluyó este viernes con los alegatos de las partes.

El expediente será analizado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que es el órgano que tuvo a cargo el juicio oral, ya que el hecho ocurrió en el año 1994, cuando no estaba vigente el sistema acusatorio en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y los casos excepcionales que entonces llegaban a debate público eran realizados por ese cuerpo colegiado superior. El tribunal “Ad Hoc” para este debate está conformado por Miriam Ermili, Laura Lasaga y Juan Benavides. El veredicto se dará a conocer el miércoles 1 de junio y será transmitido por el canal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, confirmaron fuentes oficiales a 0221.com.ar.

Gutiérrez trabajaba en la comisaría Segunda de Avellaneda, que en ese entonces lindaba con un predio administrado por la firma  Defisa, que lo utilizaba como depósito de los vehículos que importaba. Producto de las privatizaciones en el control del comercio exterior que impulsó el gobierno de  Carlos Saúl Menem, se crearon, a partir de 1992, cientos de empresas importadoras que funcionaban como depósitos fiscales, en el marco de lo que se denominó como la aduana paralela.

En su libro “Maten a Gutiérrez” el periodista Daniel Otero escribió que el subcomisario "vio movimientos extraños" desde su lugar de trabajo; realizó algunas indagaciones y se enteró que el depósito era custodiado por efectivos de una empresa de seguridad privada al mando de un policía de la Federal.

De acuerdo a los testimonios comprendidos en la instrucción del caso, formulada por el juez Atencio, al oficial de la bonaerense lo asesinó otro policía cuando el tren en el que viajaba circulaba por el viaducto de Sarandí.

El principal sospechoso de haber efectuado el disparo es “Chiquito” Santillán, cabo de la Federal, quien habría estado secundado por Mostajo, exefectivo de la Bonaerense. Ambos uniformados, fueron reconocidos por Alejandra Chumbita, una pasajera circunstancial, y David Silva, un vendedor ambulante.

Con esa información, Atencio ordenó detener a Santillán, pero nunca pudo dar con el paradero de Mostajo, que permaneció prófugo mientras se desarrolló el proceso.

EN EL TINTERO

En 1996, la Cámara de Apeaciones La Plata dejó en libertad a Santillán. Por su actuación el juez Atencio recibió una sanción de la Corte bonaerense que fue revocada 18 años después.

El comisario Jorge Piazza, primer investigador de la causa, murió asesinado en un confuso episodio que las autoridades presentaron como un simple intento de robo, pero desapareció misteriosamente después de ingresar con su auto al estacionamiento de un hipermercado de Avellaneda, el 14 de febrero de 2003 y al cabo de diez días su cuerpo fue encontrado con un tiro en la cabeza en San Francisco Solano.

La familia de la víctima apuntó en varias ocasiones al entonces propietario de DefisaErnesto Gutiérrez Conte, quien fue CEO de Aeropuertos Argentina 2000, como presunto instigador del crimen. Pese a las sospechas, nunca estuvo ligado a la causa. Otro de los presuntos implicados podría ser el ex policía Carlos Gallone, jefe de la empresa que custodiaba el depósito de Defisa y que fue detenido por delitos de lesa humanidad.

El caso llegó al cine y quedó retratado en el film "G. Un crimen oficial", que se estrenó en abril 2016.

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