martes 23 de julio de 2024

Gestapogate: el senador Juan Pablo Allan tiene cita de indagatoria en el fuero Federal

Tras el faltazo al primero de los llamados del juez y luego de ser autorizado por el Senado, deberá presentarse este martes. Cómo sigue la causa.

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El senador bonaerense por La Plata, Juan Pablo Allan (PRO), tiene cita para declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga el presunto funcionamiento de una “mesa judicial” en la provincia de Buenos Aires para perseguir sindicalistas opositores a los exgobiernos nacional y provincial de Juntos por el Cambio. El legislador deberá presentarse este martes 5 de abril a las 10:30 horas.

Tal como informó 0221.com.ar, Allan fue citado a declaración indagatoria para el lunes 21 de marzo pasado, pero como el cuerpo no se había expedido no se hizo presente ante el juzgado. Ocurre que, como los fueros pertenecen a la Cámara y no a los legisladores, los senadores y senadoras deben autorizarlo a concurrir a la Justicia. Lo mismo ocurrió en enero, cuando los legisladores aprobaron el pedido para que se allane el despacho del senador, que también había sido solicitado por Kreplak. La semana pasada, el Senado de la provincia de Buenos Aires lo autorizó a que cumpla con el llamado del juez.

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El legislador oriundo de la ciudad de La Plata fue uno de los que participó de (al menos) una reunión en la sede porteña del Banco Provincia de la que formaron parte exfuncionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal junto a empresarios del rubro de la construcción y exjerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con el objetivo de impulsar denuncias para investigar al exsindicalista de UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina.

Se espera que no declare y, a cambio, presente un escrito con su versión del caso. Su defensa está en manos del abogado Fabián Améndola, quien también asiste al intendente de La Plata, Julio Garro.

Kreplak ya indagó a 13 de los 14 imputados, todos los asistentes a esa reunión en la entidad bancaria que fue grabada por la AFI y cuyos registros halló la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, quien presentó la denuncia penal.

Los empresarios presentaron escritos, en su mayoría, se negaron a responder preguntas, pero todos confirmaron la relación de conflictividad que existía con la excomisión directiva de la UOCRA platense. Uno de ellos dio detalles de “la extorsión” que sufrió de parte de los exsindicalistas. En sus descargos coincidieron en que fueron convocados por el entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, primer imputado del caso, a un encuentro "institucional", que no supieron que estaba siendo grabado y que no conocían a todos los presentes.

"Creeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", se escuchó decir a Villegas en la filmación del encuentro. El contenido de ese video, aparentemente grabado sin el consentimiento de quienes asistieron a aquella reunión, se investiga ahora como parte de un supuesto armado ilegal para perjudicar a Medina entre otros exdirigentes gremiales. También posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

En la causa se averigua "el diseño y puesta en práctica de una estrategia -decidida o autorizada a niveles superiores del Gobierno nacional y provincial- dirigida a judicializar la situación del conflicto existente en torno al accionar de UOCRA seccional la Plata o de su Secretario General y allegados", durante el año 2017, según surge del expediente. En ese contexto, "se habrían producido distintas actividades de inteligencia prohibida legalmente, tales como la realización de tareas de campo y la consulta de diversas bases de datos sin orden judicial que lo habilite por parte de agentes de la agencia Federal de inteligencia nacional cuyo producido fue luego utilizado por funcionarios de esa misma agencia para la generación de informes".

Con la indagatoria de Allan se cierra la lista de personas sospechadas. Si el juez no convoca a nuevas audiencias de indagatorias, comienza a correr el plazo de diez días para determinar quiénes serán procesados y si esos procesamientos serán con o sin prisión preventiva.

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