El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó un escrito donde explicó las razones por las cuales se archivó la causa por el conflicto de la megatoma de terrenos en el exClub de Planeadores, en Los Hornos. En el documento, el letrado remarcó que "es falsa" la idea de que la ocupación de estos terrenos sería legal porque se hizo "durante el día".
En ese sentido, Ramos Padilla explicó que los jueces también tienen el deber no solo de fundar resoluciones "sino también hacer públicas las aclaraciones pertinentes cuando, por error o por el interés que sea, se difunde información falsa o inexacta respecto de las decisiones judiciales adoptadas". "Los ciudadanos que leen un fallo judicial representan un porcentaje ínfimo de la población. El resto toma conocimiento a través de los medios de prensa. De allí que me encuentro en la obligación de realizar estas aclaraciones en lenguaje claro, ya que la información que se ha brindado del contenido del fallo es maliciosa e irresponsable", sostuvo.
Es por este motivo que remarcó que "la idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo 'durante el día' es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo". Y aclaró que para la ley vigente solo "penaliza a quien, para lograr del despojo del inmueble -y no para mantener la posesión-, utiliza 'violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad', elementos que no se verificaron en la causa".
En otro pasaje del texto, Ramos Padilla argumentó que para la resolución "se tuvo en cuenta que tanto el titular del inmueble como los ocupantes habían entablado un diálogo democrático tendiente a la solución del conflicto social y habitacional, por lo que no existe un conflicto actual o un perjuicio al titular de los derechos, que por el contrario tomó la decisión de llevar a cabo allí un proyecto urbanístico y de políticas públicas para atender los derechos de las personas que allí residen".
A su vez, destacó que su tribunal "escuchó y solicitó información a todos los organismos y autoridades intervinientes y, luego de verificar que se habían constituido los canales de diálogo necesarios para atender esta situación, los exhortó judicialmente a avanzar en el proyecto de urbanización del predio, atendiendo especialmente la situación de aquellas familias ubicadas en los sectores del terreno con riesgo hídrico, sobre los que se solicitó su reubicación". Y completó: "No se verificó ningún elemento de prueba que permita inferir que los ocupantes se valieron de violencia, amenazas, ardid o mentira -engaño-, abuso de confianza o clandestinidad que fuera la causa directa del ingreso y ocupación del predio".
En ese sentido, detalló que "la Subsecretaría de Hábitat provincial que ejerce los derechos sobre el inmueble -por la cesión otorgada- concluyó que las familias que tomaron el predio proceden -en su mayoría- de los barrios aledaños, donde viven en condiciones de hacinamiento como consecuencia de su crecimiento intrafamiliar y que dicho cuadro de situación '(…) los lleva a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana, considerando además las restricciones estructurales en el acceso a la vivienda, agravado por la crisis económica social'".
Además, aseguró que se trata de una causa que involucra varias aristas en la que se debieron compatibilizar diferentes derechos y que, a diferencia de otros hechos similares, hubo una instancia de diálogo entre las autoridades de los gobiernos municipal, provincial y nacional "para lograr una solución real al problema de fondo". Asimismo, consideró que "un desalojo violento de cientos de familias no hubiera resuelto los conflictos que estamos analizando". "Procesar penalmente a todas esas familias tampoco es una opción viable; aun cuando, de todos modos, desde un punto de vista estrictamente procesal, ello tampoco se podía hacer porque en ningún momento existió impulso por parte del Ministerio Público Fiscal que habilitara a alguna de estas alternativas", subrayó.
Para concluir, Ramos Padilla enfatizó que "el horario en que las familias de los asentamientos linderos ingresaron por primera vez al predio nacional poco o nada tiene que ver con las consideraciones que llevaron a este juez a resolver el archivo de la presente causa. Decir que el fallo otorga una 'carta blanca' para la toma de tierras o que las tomas hechas durante el día no son delito es un acto de irresponsabilidad que debe ser aclarado, porque se basa en premisas falsas y constituyen silogismos reduccionistas", concluyó.
Tal como informó 0221.com.ar, la decisión generó un fuerte debate y el rechazo de toda la dirigencia de Juntos, empezando por el intendente de La Plata, Julio Garro. Ante la situación que impide a la Municipalidad apelar el fallo, la Comuna solicitó a la Fiscalía de Estado de la Provincia, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a la Subsecretaría de Hábitat bonaerense y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE), su inmediata intervención y que apelen la disposición judicial.
Cabe recordar que dicha toma, la más grande en la provincia de Buenos Aires, comprende 163 hectáreas del expredio nacional del Club Planeadores. Las mismas son tierras fiscales pertenecientes al Estado Nacional y el Municipio, pese a presentar reiteradas pruebas y denuncias sobre cómo se llevó adelante la misma, no es parte de la causa. En este marco, La Comuna viene denunciando desde el primer día dicha toma, ya que además de ser ilegal, constituye un riesgo hídrico para la toda la zona por haberse constituido en terrenos inundables, según estudios efectuados por la UNLP.
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