El Juzgado Federal N° 1 de La Plata, desestimó una denuncia penal por una supuesta red de trata de personas para explotación laboral, presentada hace más de un año y medio la Municipalidad de La Plata contra la colectividad de senegaleses que vive y trabaja en las calles de La Plata y contra un integrante de del Colectivo de Abogados La Ciega que los representa.
“Desestimar la denuncia que dio origen a la presente causa y en consecuencia archivar las presentes actuaciones por inexistencia de delito”, dice textualmente el fallo en referencia a la presentación que hizo la extitular de esa dependencia Virginia Pérez Cattáneo.
Se trata de la contratación de un sistema de videovigilancia con 1.200 cámaras de seguridad las 24 horas para La Plata y costará $298 millones al mes.
La familia de Lumpen Bola denunció una estafa con un alias falso para pedir dinero y advirtió que no solicita donaciones tras la muerte del artista local.
En su presentación judicial de esa exfuncionaria se pedía que investiguen los delitos de acción pública de “asociación ilícita”, “falsificación y reproducción de marcas”, “encubrimiento de contrabando” y “evasión tributaria”. Además se presumía la comisión del delito de trata de personas detrás de la presencia de manteros senegaleses que se encuentran vendiendo en el centro de la ciudad. Y se reclamaba se investigue la procedencia de la mercadería que venden en la calle, a raíz de que "son artículos que violan la legislación por ser falsificaciones de marcas y no existen códigos aduaneros respaldatorios, acerca de cómo ingresaron al país", según se expuso en esa presentación realizada en septiembre de 2020.
"Puede establecerse que la mercadería era extranjera y que la misma había sido introducida al país evitando los controles aduaneros correspondientes y, por ende, su procedencia ilícita, incurriendo con ello en el ilícito de encubrimiento de contrabando", exponía la denuncia.
Desde la Comuna advertían que son unos 200 los sengaleses "os que se encuentren bajo este régimen de trabajo, habiendo sido ingresados al país por medio de una organización y puestos a trabajar en supuestas "situaciones de esclavitud".
En un comunicado emitido después del fallo que desestima y archiva la denuncia, La Ciega sostiene que "la reciente decisión judicial no solo deja al desnudo las mentiras del Municipio y la violencia que han sufrido les senegaleses, también evidencia la forma obscena en que se han utilizado los recursos del Estado para perseguir a una comunidad migrante y a un colectivo de abogades dedicado a la defensa de los derechos humanos".