En una presentación judicial que se efectuó este lunes ante los Juzgados Federales de La Plata, la Municipalidad pidió que se investiguen los delitos de acción pública de “Asociación ilícita”, “falsificación y reproducción de marcas”, “encubrimiento de contrabando” y “evasión tributaria”.
Además, en la denuncia que comanda el intendente Julio Garro presumen la comisión del delito de trata de personas detrás de la presencia de manteros senegaleses que se encuentran vendiendo en el centro de la ciudad.
Luego de que una formación arrollara a una persona en 1 y 38, se suscitaron problemas en el sistema eléctrico y continúan los problemas en el Tren Roca.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso que rige para La Plata y la mayor parte del territorio bonaerense, entre otros puntos del país.
A su vez, solicitaron que se investigue la procedencia de la mercadería, a raíz de que "son artículos que violan la legislación por ser falsificaciones de marcas y no existen códigos aduaneros respaldatorios, acerca de cómo ingresaron al país".
"Puede establecerse que la mercadería era extranjera y que la misma había sido introducida al país evitando los controles aduaneros correspondientes y, por ende, su procedencia ilícita, incurriendo con ello en el ilícito de encubrimiento de contrabando", expone el texto de la denuncia.
En esa línea, advierten la "evasión tributaria que evidentemente se observa sobre la falta de procedencia de la mercadería y la absoluta evasión fiscal al comercializarla en la vía pública en puestos ilegales".
DENUNCIAN "TRATA DE PERSONAS"
En La Plata, la Comuna armó una mesa de trabajo junto con Nación, Provincia y la Defensoría del Pueblo para trabajar de forma integral el "avance de los manteros".
En el Gobierno local advierten la presencia de una red de trata de personas con los vendedores ambulantes senegaleses: "Son más de 200, la gran mayoría se encuentran indocumentados y trabajan para una mujer que sería la cabecilla de esta organización", explicaron.
Dentro de las pruebas aportadas por la Comuna ante la Justicia Federal, se advierte que esta mujer "sería quien les provee la mercadería que comercializan, pero al mismo tiempo les brinda alojamiento y hasta viandas de comida diarias".
Según la versión de la Comuna, serían unos 200 senegaleses los que se encuentren bajo este régimen de trabajo, habiendo sido ingresados al país por medio de una organización y puestos a trabajar en situaciones de esclavitud. En ese aspecto, solicitaron una serie de intervenciones judiciales con el objetivo de poder desbaratar esta banda ante el presunto delito de "asociación ilícita" y trata de personas.
La secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de la Comuna, Virginia Pérez Cattáneo, sostuvo que "la situación del comercio ilegal se debe abordar de manera integral y entendemos que, esencialmente, se trata de buscar una solución concerniente a las políticas migratorias".
"Una de las grandes problemáticas por las cuales se dedican a la venta ilegal es porque no pueden acceder a ningún tipo de asistencia por parte del Estado o a programas de educación ya que no figuran en los registros por estar indocumentados. Hay tintes humanitarios que hay que resolver, pero manteniendo firme la decisión política de que el comercio ambulante en las calles de La Plata se tiene que terminar", añadió la funcionaria.
Por su parte, la comunidad senegalesa niega de plano esta versión y asegura que la Comuna protagoniza cada vez más episodios de persecución en el centro, con tratos violentos y hasta racistas hacia los vendedores.