La presentación por escrito de un empresario platense indagado en el marco de la causa que investiga el presunto funcionamiento de una mesa judicial para perseguir y encarcelar sindicalistas en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, echó luz sobre varios puntos de la trama del caso abierto tras la aparición de una cámara oculta que registró una reunión en la sede porteña del Banco Provincia entre empresarios y políticos de La Plata con funcionarios de la gestión vidalista y agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Se trata de la versión del ingeniero Bernardo Zaslascky, quien formó parte de la reunión, por invitación del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires (entonces a cargo de Marcelo Villegas), en representación de la Asociación de Comerciantes de la Industria de Materiales de Construcción (ACIMCO), entidad gremial empresarial que representa y defiende los intereses del sector. El profesional es asistido en la defensa por el abogado Manuel García López.
El empresario no respondió preguntas del juez Ernesto Kreplak ni de la fiscal Ana Russo. Como la mayoría de sus antecesores que se presentaron a indagatoria, presentó un escrito con su versión del caso. “Desde la radicalización de la postura de las autoridades del gremio de la UOCRA – La Plata y ante la evidente y tangible merma que de ello derivaba en la actividad empresarial de nuestros afiliados, desde hace muchos años comenzamos un sinnúmero de acciones tendientes a apoyar toda medida vinculada con cese de aquellos actos que afectaban a nuestros respresentados”, se señala en el escrito.
“Si bien en muy pocas ocasiones nuestros asociados fueron afectados directamente del accionar de las autoridades de UOCRA, al perturbarse las obras y los emprendimientos constructivos, los empresarios y/o constructores no adquirían insumos ni materiales, de los que se derivó una enorme crisis económica en el sector”, reseñó Zaslascky, y aportó más detalles: “De tal magnitud fue esta crisis, que numerosos comercios y corralones en su gran mayoría emprendimientos o PYMES familiares, debieron cerrar sus puertas o reducir su personal al mínimo”.
El empresario describió todas las gestiones que realizaron ante distintos organismos y funcionarios en búsqueda de una solución pacífica y no judicial pero se encontraron con respuestas esquivas. “Entre esas actividades apareció la convocatoria del Ministerio de Trabajo, en la que se invitaba a ACIMCO a una reunión –otra más para nuestra institución- en una oficina del Banco Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…) se me comisionó a mí para concurrir en representación de ACIMCO”.
Sobre la reunión en sí, Zaslascky recordó que en el comienzo de la misma, “una persona de saco gris/verde y pelo canoso y pelo canoso que solo se presentó por su nombre de pila señaló algunas generalidades y luego durante todo el desarrollo trataba de ‘guionarnos’ en lo que debíamos hacer o decir, hablando incluso en primera persona. Caso omiso hice a tales insinuaciones, las que hoy considero –filmación subrepticia mediante- como emanadas de una suerte de agente provocador vaya a saber para cuáles fines”.
“De lo que recuerdo haber entendido del desarrollo de esa reunión, se hablaba de la existencia de causas judiciales contra Medina por su accionar ilícito”, aclaró. Además refirió que “hubo monólogos de otros representantes de Organizaciones que relataron todos hechos ya conocidos” pero “hubo también apreciaciones políticas muchas de las cuales no compartí generándose en mí una suerte de incomodidad por no entender a ciencia cierta qué era lo que las autoridades allí presentes requerían o nos informaban en concreto, ya que en el caso de ACIMCO, sus asociados no estaban afectados directamente por el accionar gremial”.
En otro pasaje de su versión el delegado empresarial aportó un dato que puede resultar central: "Los asociados a ACIMCO tenían temor de formalizar denuncias” para luego señalar que le llamó la atención “el tenor imperativo y guionante de la reunión, lo que –reitero- me generó sorpresa y cierta incomodidad”.
Tras la reunión “ACIMCO por mi intermedio, no asumió compromiso alguno ni tampoco anticipó o conformó y menos aún auspició la realización de acción judicial alguna”.
Sobre el encuentro en la sede porteña del Banco Provincia reveló que “nadie nos informó que en esa reunión participaban personas de la AFI y menos aún, que dicha reunión estaba siendo grabada. Ninguna cámara o micrófono estaba a la vista, lo que me permite sospechar que esa filmación fue clandestina y en nuestro caso, nunca autorizada. Y esta clandestinidad surge de lo declarado por el personal del Banco Provincia, quienes al unísono manifestaron que nunca supieron que el banco haya instalado cámaras y que solo se las instalaba en el sector de cajas”.
La declaración de Zaslascky cerró (por el momento) el bloque de indagatorias a empresarios y desarrolladores del sector de la construcción. Todos coincidieron en que fueron citados a la reunión desde el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y la conflictiva convivencia con la UOCRA La Plata que encabezaba el exsindicalista Medina. Muchas de las versiones de los empresarios confirmaron las denuncias por las que Medina y parte de su familia fueron detenidos y procesados por “asociación ilícita, extorsión y lavado de activos”.
La próxima semana será el turno de la trama política. El lunes 14 de marzo se esperaba la declaración del exministro Villegas, pero fue reprogramada para el viernes 18 del mismo mes. Así el primero en declarar será el exministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, quien (hasta el momento) tiene pautada la cita judicial para el miércoles 16 de marzo.
EL EXPEDIENTE
En la causa se investiga lo ocurrido en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, cuyo contenido se conoció a partir del hallazgo en la AFI de registros audiovisuales que fueron presentados ente la justicia por la actual interventora de la central de espías, Cristina Caamaño.
A aquel encuentro concurrieron empresarios, directivos de la AFI y funcionarios del Gobierno de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, además del senador Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata Julio Garro, también enrolado en ese espacio político.
A los imputados se los acusa de haber participado, durante el año 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de la época, tendiente a impulsar denuncias e involucrar así en investigaciones penales a dirigentes de la UOCRA local y sus allegados.
"La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros- sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal", según surge del expediente al que tuvo acceso 0221.com.ar.
