La sede del fuero Federal de La Plata amaneció repleta de carteles con la leyenda “Pata- Puly, dirigentes ladrones que no representan a los trabajadores. Basta del clan Medina”, lo que marca un nuevo capítulo de la interna gremial en el sindicato UOCRA La Plata.
A poco menos de un mes para el inicio del juicio oral que tendrá en el banquillo de los acusados al exgremialista Juan Pablo “Pata” Medina y parte de su familia, todos acusados de graves delitos, integrantes de la recientemente formalizada Agrupación Blanca y Azul llevaron su reclamo de condena para los acusados.
El caballo murió en el lugar tras ser embestido por dos autos en Ruta 11. Uno de los conductores era de La Plata y su acompañante resultó herida.
Los jóvenes de La Plata que juegan al basquet en Parque Alberti expresaron su repudio tras el violento episodio originado en una disputa por la cancha.
Este espacio político gremial es liderado por el dirigente Iván Tobar quien el pasado viernes 4 de febrero formalizó el lanzamiento de su lista y pidió públicamente a la dirigencia nacional de UOCRA que de por finalizada la intervención del gremio y llame a elecciones “para que los trabajadores elijan a su conducción”.
La seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina se encuentra intervenida desde fines del mes de septiembre del año 2017 cuando Medina fue detenido acusado de los delitos de “asociación ilícita, extorsión y lavado de activos”. Para la justicia, el excacique gremial es el jefe de esa asociación ilícita y podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.
Tal como este medio anticipó en exclusivo, el juicio oral está previsto que comience el próximo 3 de marzo. Un día antes los opositores al medinismo anunciaron una marcha a 8 y 50 para pedirle a los jueces “una condena ejemplar” para todos los acusados.
La lista de acusados la conforman Cristian “Puly” Medina, hijo del exsindicalista, David Emiliano García -todos ellos, a su vez miembros de la Comisión Ejecutiva de la UOCRA y Congresales Nacionales-, entre otros familiares y personas de confianza, que le respondían directamente al Pata: la hipótesis acusatoria es que, al menos desde el año 2006, se dedicó a extorsionar a empresarios del rubro de la construcción de La Plata, Ensenada y Berazategui, para exigirles contribuciones ilegales e indebidas bajo amenaza de paralizarles las obras.
De acuerdo a la Fiscalía, formaban parte de dicha asociación, también como miembros, la cónyuge de Medina María Fabiola García, su hijastra Marianela Luján Pagnoni, su hijastro Agustín Facundo Pagnoni Medina y la cónyuge de este último Lara Micaela Muñoz, como así también otros altos directivos de la UOCRA como Pablo Nicolás Neves y Rubén Darío Roldán, quienes asumían distintos roles dentro de la organización ya sea amenazando a los empresarios o bien recaudando el dinero ilícito que les exigían.
Según el requerimiento de elevación a juicio, los empresarios de la construcción eran primeramente sometidos a diversas exigencias económicas que eran documentadas en el llamado "Acuerdo de Paz Social" que les era obligado a firmar en la misma sede de la UOCRA La Plata, sin ninguna posibilidad de negociación y que superaban las clausulas macro contempladas por la UOCRA Nacional. Específicamente, para poder continuar con las obras se les exigía por un lado "aportes dinerarios" no contemplados en el acuerdo y fuera de toda lógica de la construcción, como una "cuota camping", "premio de final de obra" o el pago de sueldos a empleados que no prestaban funciones y "permisos de retiro del personal" para eventos políticos.
Por otro lado, se les exigía a los constructores la contratación obligatoria de determinadas empresas de catering para la provisión de viandas a los obreros, empresas éstas que estaban integradas por personas cercanas al Pata o sus familiares, como las firmas Rey del Cielo S.A. (integrada por Marianela Luján Pagnoni y Lara Micaela Muñoz) y Mejor que en Casa S.R.L. (cuyos integrantes formaban parte de la familia Medina-García, como Félix García y Beatriz Dolores Castello, padres de María Fabiola y David Emiliano García y Eliana Fabiola García y Marcela Esther García), pero principalmente también la obligación de contratar a la empresa Abril Catering SA, cuyos directivos Horacio Homs y Liliana B. Frontán si bien no resultaban ser familiares de los Medina-García, sí se encontraban estrechamente ligados con la UOCRA local para la presentación exclusiva de este tipo de servicios.
De acuerdo con la investigación, gran parte de las construcciones que se realizaban en dicho ejido jurisdiccional debían contratar los servicios de Abril Catering a instancias y pedido de los delegados de obra, para así tornar invisible la imposición de parte del gremio o la familia Medina, aun cuando el costo de las viandas era superior a los del mercado. Todas estas exigencias –presuntamente ilegales– eran impuestas bajo amenaza de paralizar las obras.
La fiscal federal Silvia Cavallo consideró que el dinero "sucio" recaudado por los altos directivos de la UOCRA era luego "lavado" mediante la utilización de estas empresas de viandas, que de alguna u otra forma estaban vinculadas con la familia Medina-García. Como nota de color, destacó que Medina no utilizaba el sueldo percibido como directivo gremial, sino que aquel se acumulaba en una cuenta del Banco La Pampa pues se valía del dinero ilícito para cubrir sus gastos cotidianos.