El exsindicalista Juan Pablo “El Pata” Medina quiere evitar el juicio oral y pidió la nulidad de todas las denuncias anónimas en su contra que fueron aceptadas como pruebas para fundamentar su detención. La presentación fue realizada por el abogado César Albarracín ante el Tribunal Oral Criminal Federal 2 de La Plata, que el próximo 3 de marzo comenzará a juzgar al exgremialista (junto a parte de su familia y ex dirigentes de UOCRA La Plata) acusado de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero.
La defensa reclamó la nulidad absoluta de las denuncias anónimas contra Medina y en consecuencia el sobreseimiento del procesado que está con arresto domiciliario. También señaló que el sobreseimiento debe hacerse extensivo a otros de los acusados entre los que mencionó a María Fabiola García (esposa de Medina), David Emiliano García, Ruben Darío Roldán, Pablo Nicolás Neces, Lara Miacael Muñóz y Marianela Lujan Pagnoni. En caso de que los jueces hagan lugar a la medida impulsada por la defensa, no se realizará el juicio oral dispuesto para la próxima semana.
Albarracín basó el planteo en que los hechos fueron “fruto de una actividad delictiva de inusitada gravedad institucional desplegada por un conjunto de altísimos funcionarios”.
“De hecho, el encarcelamiento que aún hoy padece Juan Pablo Medina, así como las restricciones sindicales que pesan en su contra, son consecuencia de aquella actividad delictiva, que sigue proyectando sus efectos”, agregó Albarracín.
Medina fue detenido a finales de septiembre de 2017, meses después de que se llevara adelante la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, que se dio a mediados de junio de aquel año y en la que participaron exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia y exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. En ese encuentro, Marcelo Villegas extitular de la cartera de Trabajo bonaerense, expresó su deseo de contar con una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.
A lo largo del escrito el letrado destacó varios puntos para fundamentar la nulidad de la causa contra el dirigente platense. En principio, señaló la relación entre el titular de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, y el por entonces presidente Mauricio Macri. Albarracín explica que el exmandatario y el sindicalista habrían conversado sobre el “Pata” Medina en un viaje a Honduras. Además, en publicaciones periodísticas se dio a conocer una serie de nombres que el expresidente quería “sacarse de encima”.
El abogado también resaltó que el 5 de mayo de 2017 “comenzaron las tareas de espionaje sobre Medina y su entorno” y que una semana después “se inició la embestida judicial” contra el gremialista a través de una denuncia anónima; recordó la reunión en el Bapro a mediados de ese año y destacó la presentación de dos denuncias anónimas, una del 30 de junio y la otra el 31 de julio. Para Albarracín, “existía una decisión política del gobierno nacional y del gobierno provincial para concretar el plan de encarcelamiento de Juan Pablo Medina y su entorno”.
En la presentación se detallan cronológicamente las coincidencias entre las reuniones de ministros nacionales y provinciales con los avances en la causa contra Medina. “Las restricciones que padecieron mis asistidos y las que aún padecen (…) no son otra cosa que parte de las finalidades ilegítimas que quedaron en evidencia en la mesa de la Gestapo”, argumentó.
Cabe recordar que la Justicia Federal de La Plata citó a indagatoria a los participantes de la reunión en el Banco Provincia. Las declaraciones comenzarán el 3 de marzo, con los empresarios, y se extenderán hasta fin de mes con los exespías.
El juez federal Ernesto Kreplak citó a indagatoria al exministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas y a los demás exfuncionarios, empresarios y exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que participaron de la reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro), en la cual se coordinaron acciones para buscar el encarcelamiento del sindicalista platense “Pata” Medina.
Los primeros convocados a indagatoria son los empresarios: Ricardo José Alconada Magliano (3 de marzo), Guillermo Federico Moretto (4 de marzo), Jorge Oscar Del Río (7 de marzo), Fabián Rolando Cusini (8 de marzo), Bernardo Zaslascky (9 de marzo) y Marcelo Jaworski (10 de marzo), todos a las 10.30.
La tanda de los exfuncionarios del gobierno de Vidal comienza el 14 de marzo con la citación de Villegas y sigue luego con el exministro de Infraestructura provincial Roberto Gigante (16 de marzo), Adrián Grassi (17 de marzo); mientras que para el 21 de ese mes está convocado el senador provincial Juan Pablo Allan, y para el 23 el intendente de La Plata, Julio Garro.
La ronda de indagatorias cierra con los exdirectivos de la AFI: para el 25 de marzo está convocado Dario Biorci (quien fuera jefe de Gabinete de la subdirectora de la central de espías, Silvia Majdalani), mientras que el exdirector de Asuntos Jurídicos de ese organismo, Juan Sebastián Destéfano está citado para el 29 y Dalmau Pereyra para el 31.
Al justificar las convocatorias, el juez Kreplak sostuvo que están apoyadas en las constancias probatorias colectadas en el expediente y a lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal (representado en la causa por la fiscal Ana Russo), “habiéndose alcanzado el grado de sospecha” para citar a indagatoria a los imputados enumerados.
Luego de realizar entrecruzamientos de llamadas y de analizar los elementos secuestrados en los distintos allanamientos (como las agendas de trabajo del exministro Villegas) los investigadores se hicieron de elementos probatorios independientes al video que dio origen a la causa que conducen al mismo lugar: el supuesto armado ilegal de causas contra sindicalistas, con la participación de espías.
Entre los testimonios recogidos por el juez Kreplak está el del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien ratificó la información volcada en su libro "La Raíz", en el cual, ya en 2018, daba cuenta de la reunión ocurrida en la sede porteña del Bapro.
El periodista aseguró, en calidad de testigo, que esa información le había sido provista por un funcionario bonaerense que, ya por aquel entonces, reconocía el trabajo coordinado entre la administración bonaerense y la AFI.
En esta causa, además, hay líneas de investigación que conducen a la exgobernadora María Eugenia Vidal, entonces jefa de los exfuncionarios citados a indagatoria.
