Luego, los dos fiscales retomaron su alegato respecto de Melazo y otros ocho acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, narcos, sicarios y funcionarios judiciales.
Sibuet y Huergo afirmaron que "diez sujetos de sexo masculino de La Plata formaron parte de una organización destinada a cometer hechos delictivos de diversa naturales, escruches, robos de autos, venta de estupefacientes, con un mismo modus operandi".
"La asociación ilícita quedó acreditada por su periodicidad y habitualidad en el trato entre los miembros que la integran, su permanencia en el tiempo, su forma de actuar coordinada en busca de protección y para asegurar los fines de esa asociación", afirmó Sibuet.
El fiscal aludió a las pruebas que confirman las reuniones que mantenían los presuntos miembros de esa presunta empresa criminal, pasando incluso diversas escuchas, que mostraban "la indudable conexión entre cada uno de ellos".
"Melazo está sindicado como jefe de esa organización", remarcó Sibuet y enumeró numerosas sanciones aplicadas al exjuez por irregularidades en su desempeño y cómo surgió de la investigación que los delitos de esta asociación se cometían cuando él estaba de turno.
El fiscal no dudó en precisar que "Melazo conocía el accionar de la banda probablemente porque conocía el plan delictivo y se necesitaba su autorización para llevarlo adelante".
Mientras que Huergo expuso detalles de la situación patrimonial del exjuez, sus hijos, la madre de los hijos de Melazo y su actual pareja que era policía.
La funcionaria dio a conocer los numerosos vehículos de alta gama, a nombre de Melazo o algún miembro de su familia, como un automóvil Mercedes Benz, dos camionetas Toyota Hilux, un Smart Fourfour; un Renault Capture; dos vehículos Peugeot; un cuatriciclo; lotes en Cariló, una imponente propiedad en la localidad de Gorina con laguna propia; varias sociedades anónimas y cuentas bancarias que registraban extracciones millonarias, como por ejemplo retiros de 3.690.000 pesos y 2.600.000; compras de dólares.
También detalló que entre 1996 y el 2017, Melazo realizó al menos 40 viajes al exterior, con destinos a Estados Unidos, España, Emiratos Árabes, Panamá, Italia, Chile, Brasil, Uruguay y Alemania, entre otros países. Llamativo el viaje a Panamá. Ese país es una de las sedes de las mayores guaridas fiscales donde se esconden parte de las grandes fortunas del mundo.
Fue en ese maco que la fiscal caracterízó el patrimonio del exjuez: "No nos quedan dudas que la situación patrimonial de Melazo no se corresponde con los ingresos corrientes del poder judicial, de las categorías que tuvo en esos años y por eso consideramos que este breve racconto es un indicio más de que efectivamente tuvo participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita que cometió delitos para enriquecerse con su producción".
La fiscal Huergo es especialista en análisis patrimoniales. Durante su paso por la Procuración General bonaerense y la exfiscalía de Delitos Complejos de La Plata, acorraló a peligrosos estafadores en toda la provincia de Buenos Aires. Es una de las magistradas más capacitada para la persecución de delitos contra el patrimonio público o enriquecimiento ilegal de funcionarios.
Según la investigación que tuvo a su cargo la fiscal Betina Lacki, los procesados están acusados de integrar una asociación ilícita que cometía "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas".
Además, "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial" y el exjuez Melazo se presume brindaba protección a la banda.
Melazo renunció a su cargo en junio de 2017 cuando estaba apartado de sus funciones, de manera preventiva, por decisión del jury de enjuiciamiento abierto en su contra a partir de tres denuncias por mal desempeño y presuntas irregularidades en su juzgado.
La próxima audiencia será el 13 de diciembre en horas de la mañana, con la continuidad del alegato del Ministerio Público Fiscal. La suspensión momentánea del debate por la ausencia de Barroso Luna alteró el plan de trabajo previsto. El exjuez es asistido en la defensa por los abogados Christian Romano y Juan Pesquera. Cabe recordar que el propio Melazo fue autorizado a ser su propio codefensor al tratarse de una causa penal propia.
Además de Melazo y Barroso Luna, son juzgados el excomisario mayor Gustavo Bursztyn, el exoficial Gustavo Andrés Gregorio Mena; y los civiles Adrián "Quichua" Manes; Carlos Bertoni; Héctor "Pepe" Vega, Martín Fernández y Enrique Edgardo "Quique" Petrullo.
Mientras que otros dos procesados, Javier Ronco y Ángel Custodio "Pipi" Yalet, quienes según la acusación proveían teléfonos y armas de fuego a la banda, fueron condenados en juicio abreviado. Aceptaron su participación en la presunta asociación ilícita.
El juicio oral es controlado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) II de La Plata, integrado para estos expediente por Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali.
LA GÉNESIS
A mediados del año 2014 la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata cambió de titularidad. El fiscal Tomas Morán (hoy detenido) pasaba al área de Flagrancia y al poco tiempo de esa mudanza de funciones, se jubiló. Su lugar fue ocupado por la fiscal Betina Lacki, quien ya contaba con más de 15 años de experiencia como instructora judicial y fiscal de Flagrancia. La funcionaria nunca se imaginó ni en sus peores pesadillas lo que ocurría en varios expedientes judiciales que se apilaban en los anaqueles de esos despachos del viejo edificio de Vialidad provincial, de avenida 7 entre 56 y 57.
A poco de hacerse cargo de la UFI notó varias irregularidades. Su predecesor en el cargo no utilizaba el Servicio Informático del Ministerio Público (SIMP), herramienta digital para seguir el decurso de los expedientes en el fuero Penal. Había una orden de Moran a sus empleados de no utilizarlo. Mientras comenzaba a emprolijar el funcionamiento de la oficina, la fiscal recibió la visita de los padres de Juan Farías, asesinado en un presunto ajuste de cuentas en la madrugada del 1 de diciembre de 2010, en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Querían saber si había avances en la pesquisa. Por este hecho están acusados Bursztyn (como instigador del hecho), Mena, Manes y Vega (autores del crimen) mientras que Barroso Luna y Fernández "resultan ser partícipes necesarios del mismo", según la fiscalía de juicio.
"Costó mucho encontrar ese expediente", recordó la fiscal Lacki en su testimonio brindado en el marco del juicio político al juez de Casación bonarense, Martín Manuel Ordoqui. A poco de comenzar a estudiar el expediente (uno de los tantos de la pesada herencia recibida) notó situaciones extrañas. Comenzó a sospechar de una presunta connivencia policial. Ante este panorama corrió a la Policía bonaerense del caso y requirió el auxilio de fuerzas federales. "Fue una larga batalla pero se consiguió primero el apoyo de la Policías de Seguridad Aeroportuaria y después de la Policía Federal", recordaron las fuentes del caso consultadas.
Las sospechas se convirtieron en realidad. Las escuchas telefónicas realizadas a integrantes de la banda y a jueces subieron al escenario una compleja empresa criminal, con roles bien determinados y para todo servicio. Tal vez, una verdadera asociación ilícita.
