Este miércoles y jueves se deberán presentar a declarar el expresidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, y el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Aparicio (funcionario que responde directamente al ministro Berni), por la causa donde se investiga la muerte del hincha tripero César "Lolo" Regueiro durante la feroz represión policial ocurrida en octubre en el Bosque.
Mientras que ya fueron procesados por "estrago culposo" los jefes policiales Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbarán, el exmandatario del Lobo y el funcionario provincial se presentarán para defender su postura respecto a lo sucedido aquella trágica noche en el Juan Carmelo Zerillo. De allí se podrían desencadenar nuevas acusaciones sobre ambos dentro del cúmulo de opciones que maneja el equipo de investigación encabezado por el fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de La Plata.
Vale recordar que, en el caso de Pellegrino (procesado en la causa) la acusación apunta a una potencial sobreventa de entradas en ese partido y detrás de él pueden quedar imputados otros exdirigentes por el posible delito de "asociación ilícita". Ambos están citados a indagatoria los días 29 y 29 de diciembre desde las 10, y una vez allí presentes, podrán declarar o hacer uso del derecho de llamarse a silencio.
De la investigación surgen qué obligaciones se le imponen al organizador del evento, es decir al club anfitrión (Pellegrino), al jefe del operativo y a su supervisor (Perea y Gorbarán) y a la APREVIDE (Aparicio). "A modo de ejemplo, las normas disponen medidas para evitar la emisión de mayores entradas que el aforo permitido, que se diagrama en medidas de seguridad adecuadas previo determinar la peligrosidad del partido y el riesgo propio del estadio, y que se evalúe bajo éste último parámetro el horario del encuentro, su ubicación y la forma de vender las entradas -y cómo deben confeccionarse-; entre otras circunstancias", razonó el fiscal. Pero "no solo en ese punto se incurrieron en incumplimientos voluntarios, sino que también antes y durante el encuentro se procedió de forma negligente e imprudente".
"Así, de un lado se vendieron mayores entradas de las que permitía el estadio, al propio tiempo se dispuso que se lleve a cabo en un lugar y en un horario inadecuado considerando las expectativas, no habiendo realizado correctamente la evaluación del riesgo, a la par que se permitieron la utilización de elementos de disuasión de forma tal que tuvieron un alcance masivo respecto de personas que no podía evitarlo, lo que conllevó a lesiones a miles de personas", aseveró Menucci, quien considera que "corresponde evaluar no sólo el accionar individual del personal policial que se excedió en el uso de las armas largas provistas para la contención (efectuando disparos a objetivos individuales cuando éstos no configuraban una amenaza) así como también de aquellas personas que, más allá del contexto, agredieron mediante gran cantidad de objetos contundentes a parte del personal policial que custodiaba los accesos al estadio".
Los cuatro procesados realizaron aportes "negligentes" o "imprudentes" que derivaron en el resultado lesivo, "como si todos pusieran una piedra sobre una superficie de cristal que por sí sola no lo rompería pero en conjunto vence su resistencia", graficó y añadió: "Todos y cada una de las personas sindicadas actuaron violando los deberes a su cargo, antes y durante el encuentro deportivo, ya que fueron los responsables de su organización; e inclusive algunos actuaron de forma negligente durante su desarrollo".
Del operativo de seguridad en el estadio tomaron parte 320 efectivos policiales. El agente Fernando Nahuel Falcón manifestó que "comienza toda una vez que el jefe de servicio ordena el cierre de puertas porque APREVIDE le comunica que monitoreo informa que la capacidad del estadio estaba completa".
Tras la represión, la Policía Bonaerense fue desplazada de la investigación. En su lugar, arribaron expertos de la Policía Federal Argentina que levantaron "450 vainas servidas de cartuchos anti tumultos". Según una resolución de Asuntos Internos, el capitán Martín Mercado del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) "habría arrojado de manera imprudente y sin justificación alguna, una bomba de gas lacrimógeno y otra de humo, las que se habían dispersado por el campo de juego, provocando graves consecuencias a las personas que se encontraban en el interior del estadio". Fue desafectado de la fuerza.
Un testigo refirió que los disturbios comenzaron en la puerta 21 que está del lado del Bosque donde un grupo de entre 500 y 800 personas pugnaban por entrar el estadio.
