La justicia Penal de La Plata tiene en la mira al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni por el presunto incumplimiento de una resolución judicial que ordenó clausurar los calabozos de la comisaría Segunda de La Plata que en la actualidad registra una sobrepoblación del 130%: tiene 11 plazas disponibles y hay 25 personas alojadas en la seccional ubicada en avenida 38 entre calle 8 y Plaza Olazábal.
A fines de noviembre pasado, el juez Juan Carlos Bruni hizo lugar a una habeas corpus por las precarias condiciones de detención de las personas detenidas. En esa resolución ordenó la clausura de los calabozos y libró un oficio a la cartera de Seguridad para que ordene la prohibición de alojar detenidos en comisarías "cuyos calabozos se encuentren clausurados".
El habeas corpus fue dictado el 29 de noviembre, ya pasó casi un mes y el panorama sigue siendo tan grave como entonces. No solo que no se cumplió la orden judicial sino que la situación de crisis por hacinamiento de personas se profundizó.
En el último punto de la resolución se detalla que ante "la posible comisión de un delito de acción pública" se remitan actuaciones al fiscal de turno.
La intendencia de todas las comisarías provincial es responsabilidad del Ministerio de Seguridad bonaerense, cuyo titular es el polémico Berni, quien al inicio de su gestión en diciembre de 2019, prometió una solución para el hacinamiento en comisarías. Por el momento, la fotografía no ha cambiado.
En febrero de 2020 Berni elevó a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) una propuesta para comenzar a desactivar la bomba de sobrepoblación en comisarías: alojar detenidos a contenedores adaptados para el alojamiento de personas. El proyecto fue rechazado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por el Comité Nacional contra la Tortura.
En una entrevista con el diario Perfil, el gobernador sostuvo que de la situación de hacinamiento carcelario “se sale construyendo cárceles” y que esa posible solución es “una de las conclusiones” de la mesa de trabajo que integraron el Ministerio de Justicia bonaerense, el Ministerio de Seguridad provincial, la Suprema Corte y la Procuración General, entre otros actores.
